El Ministerio de la Igualdad enfrenta la inminente desaparición al vencerse el plazo otorgado por la Corte Constitucional el 20 de junio, sin que el Congreso haya logrado aprobar el proyecto para subsanar los vicios de su creación. A pesar de los esfuerzos y mensajes de urgencia, la iniciativa no ha podido completar sus debates necesarios en el Legislativo. La Corte Constitucional anuló la ley original por falta de aval fiscal, dando un plazo de dos años que ahora expira. Ante esta realidad, el Gobierno ha iniciado un cierre administrativo preventivo, emitiendo circulares internas para organizar la entrega de información, equipos y responsabilidades. Se ha establecido un cronograma detallado para el desmonte operativo, culminando las actividades principales el 17 de junio y la entrega formal de bienes el 19 de junio, preparándose para la supresión jurídica al día siguiente si el proyecto no avanza. Las funciones de la cartera serían redistribuidas entre otras entidades estatales. La situación genera incertidumbre para cerca de 580 trabajadores y para los programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables. Organizaciones sindicales han expresado preocupación por la falta de claridad sobre el futuro laboral, anticipando posibles litigios. El Ministerio ha sido criticado por bajos niveles de ejecución, no superando el 5% en algunos indicadores, y ha enfrentado cuestionamientos por gastos administrativos y denuncias internas, incluyendo un caso de presunto acoso laboral contra una viceministra.

Análisis político

Se observa una estrategia gubernamental dual: por un lado, la búsqueda de salvación del Ministerio a través de un proyecto de ley en el Congreso, y por otro, la preparación para un cierre administrativo como medida preventiva ante el inminente vencimiento de plazos. La falta de mayorías y la complejidad del trámite legislativo evidencian dificultades para consolidar iniciativas clave del gobierno actual. El gobierno busca mantener la continuidad de las políticas, pero la estructura legal y fiscal inicial impidió su consolidación. El gobierno Petro y la Vicepresidencia, impulsores de la cartera, pierden una herramienta de gestión y visibilidad política. Los sectores que criticaron la ejecución y los escándalos asociados al Ministerio, así como aquellos que abogan por la austeridad fiscal, ganan terreno al ver la posible desaparición de la entidad. Las narrativas difieren: el gobierno enfatiza la importancia de las poblaciones a las que servía y la necesidad de proteger sus derechos, mientras que las críticas se centran en la ineficiencia, los malos manejos y los vicios de trámite.