La Fiscalía solicitó cinco días de arresto contra Nicolás Petro, hijo del presidente, y su abogado por inasistir a audiencias presenciales. La solicitud se fundamenta en que Petro Burgos habría desobedecido órdenes judiciales al no presentarse en Barranquilla, a pesar de que existen pruebas en redes sociales y registros que lo ubican viajando a otras ciudades como Cartagena y Santa Marta. La defensa argumentó motivos de seguridad y restricciones por estar en la Lista Clinton, pero la Fiscalía presentó evidencias que contradicen estas justificaciones, incluyendo ingresos al Club Naval de Cartagena. El juez decidió tramitar la petición de arresto por escrito y no en la audiencia, mientras el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos continúa. Las próximas sesiones para definir pruebas se realizarán el 7 y 8 de mayo. La Fiscalía argumentó que la ausencia de Nicolás Petro en las audiencias presenciales ha dilatado el proceso y que sus justificaciones sobre imposibilidad de viajar no son válidas. Se presentaron publicaciones de su pareja, Laura Ojeda, y registros de ingresos al Club Naval de Cartagena como pruebas de sus desplazamientos. La fiscalía busca sancionar el desacato a las órdenes judiciales que exigen su presencia física. El juez, sin embargo, determinó que la solicitud de arresto debe ser presentada formalmente por escrito para ser evaluada. El caso avanza con la fijación de nuevas fechas para la audiencia preparatoria del juicio. Nicolás Petro enfrenta dos procesos judiciales: uno por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y otro por delitos relacionados con contratos públicos en la Gobernación del Atlántico. En este último, se le investiga por presunta apropiación de recursos públicos y tráfico de influencias. La solicitud de arresto se enmarca en el proceso por lavado de activos, donde se alega que recibió dineros destinados a la campaña presidencial de su padre. Paralelamente, un juez de segunda instancia ratificó la libertad de Nicolás Petro en el caso relacionado con la fundación Fucoso, argumentando que no hay riesgo actual ni urgencia para imponer una medida de aseguramiento.

Análisis político

La estrategia de la Fiscalía se centra en demostrar el desacato de Nicolás Petro a las órdenes judiciales, utilizando como prueba principal sus presuntos viajes y publicaciones en redes sociales para desvirtuar sus argumentos de seguridad y restricciones de movilidad. Se busca generar presión sobre el procesado y su defensa, evidenciando una posible falta de seriedad ante la justicia. Por otro lado, la defensa intenta mantener la narrativa de vulnerabilidad y restricciones, apelando a su inclusión en listas internacionales y supuestos riesgos de seguridad para justificar su inasistencia presencial. Con esta solicitud de arresto, la Fiscalía busca fortalecer su posición y presionar a Nicolás Petro, mientras que la defensa intenta dilatar el proceso y mantener la libertad. El juez, al decidir tramitar la petición por escrito, otorga un respiro temporal a Petro, pero deja abierta la posibilidad de una sanción. La relevancia política del caso, al involucrar al hijo del presidente, añade una capa de tensión y escrutinio público a las acciones de la Fiscalía y las estrategias de la defensa.