El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) proyecta un déficit primario de 3,7% del PIB para el cierre del año, superando la previsión del Gobierno en 1,6%. La entidad considera poco creíble la estrategia fiscal oficial, especialmente la disminución de $25 billones en el gasto primario, para la cual no se han garantizado los instrumentos de materialización. El Carf estima que la deuda pública podría alcanzar el 60,3% del PIB al finalizar el año, lo que subraya la urgencia de acordar medidas estructurales para reducir gastos o incrementar ingresos. El informe del Carf señala que el incumplimiento de las metas fiscales desde la pandemia, combinado con un bajo crecimiento de ingresos y un aumento del gasto público, ha profundizado el desbalance estructural. La meta de balance primario para 2025 se incumplió ampliamente, y para 2026 se proyecta un déficit significativamente mayor al estimado por el Gobierno. Esto incrementa el esfuerzo necesario para retomar la senda fiscal, requiriendo una corrección cercana al 4,1% del PIB, evidenciando un deterioro en la trayectoria de consolidación fiscal. Adicionalmente, el Carf advierte que su propia operación técnica se vería limitada hacia finales de octubre debido a un presupuesto asignado "insuficiente" para cumplir su mandato legal. La entidad recibió una asignación de 2.230 millones de pesos para 2026, una reducción real respecto a años anteriores, lo que podría afectar la supervisión independiente de las finanzas públicas y la credibilidad de la política económica.

Análisis político

Se observa una estrategia política de advertencia y llamado a la acción por parte de un organismo de control fiscal, buscando presionar al gobierno y al Congreso para que adopten medidas creíbles y estructurales. El Carf, al presentar un diagnóstico sombrío y proponer dimensiones para la estrategia fiscal (gradualidad, combinación de instrumentos, promoción del crecimiento, restablecimiento del ancla fiscal y protección a vulnerables), construye una narrativa técnica que busca legitimar la necesidad de ajustes. La narrativa del Gobierno, implícita en la discrepancia de cifras y la falta de garantías para la reducción del gasto, parece enfocarse en la viabilidad de sus proyecciones, mientras que la advertencia sobre la posible paralización del Carf por falta de recursos introduce un elemento de crisis institucional. El principal ganador con este evento es el propio Carf, al visibilizar la importancia de su rol y la necesidad de su autonomía financiera para la estabilidad fiscal. El Gobierno, por otro lado, enfrenta el riesgo de perder credibilidad en su manejo fiscal y de ser percibido como ineficiente o poco transparente en la gestión de las finanzas públicas. El Congreso, como receptor del informe y actor clave en la aprobación de medidas, se encuentra en una posición de presión para actuar. La narrativa de "incertidumbre económica" y "riesgos sobre la sostenibilidad de la deuda pública" construida por el Carf busca generar un consenso sobre la urgencia de la situación, mientras que la potencial incapacidad operativa del Comité podría ser interpretada como un intento de debilitar su función de vigilancia.