El Ministerio de Transporte de Colombia ha presentado un proyecto de resolución para regular por primera vez la circulación de vehículos de micromovilidad y movilidad eléctrica personal, incluyendo patinetas, scooters y bicicletas eléctricas. La medida busca establecer reglas claras en cuanto a seguridad, circulación y requisitos técnicos para estos vehículos, ante su creciente presencia en las ciudades del país. La propuesta exige requisitos mínimos de seguridad como frenos delantero y trasero, luces, elementos reflectivos, señal acústica y limitadores de velocidad. También se contempla el uso obligatorio de casco certificado y chaleco reflectivo en horarios nocturnos. Adicionalmente, se plantea un sistema de identificación y registro en el RUNT para estos vehículos, similar a una placa, con fecha límite de cumplimiento en 2029. El objetivo principal de la regulación es mejorar la seguridad vial, ordenar la movilidad y avanzar hacia ciudades más sostenibles. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó la necesidad de reglas claras ante la realidad actual y abrió un espacio de participación ciudadana para comentarios y observaciones sobre el borrador antes de su implementación definitiva.

Análisis político

La iniciativa del Ministerio de Transporte evidencia una estrategia gubernamental para abordar un vacío legal existente en la regulación de la micromovilidad eléctrica, un sector en auge. Al presentar un proyecto de resolución y abrirlo a comentarios, el gobierno busca legitimar la norma, incorporar aportes de diversos actores (usuarios, fabricantes, autoridades) y anticipar posibles resistencias, alineándose con el Plan Nacional de Seguridad Vial y estándares internacionales. La ministra Rojas enfatiza la protección de la vida y la sostenibilidad como pilares de la propuesta, construyendo una narrativa de modernización y seguridad vial. Con esta regulación, el sector de la micromovilidad eléctrica, incluyendo fabricantes, importadores y usuarios, se posiciona como un actor clave en la definición de las reglas del juego. El gobierno, a través del Ministerio de Transporte, se consolida como el ente rector en materia de movilidad urbana. La estrategia de participación ciudadana busca generar consenso y evitar conflictos, mientras que la imposición de requisitos técnicos y de registro podría beneficiar a aquellos actores que ya cumplen o pueden adaptarse a estándares más altos, y potencialmente generar desafíos para quienes operan en la informalidad o con vehículos que no cumplan las nuevas especificaciones.

El Ministerio de Transporte de Colombia ha presentado un proyecto de resolución para regular por primera vez la circulación de vehículos de micromovilidad y movilidad eléctrica personal, incluyendo patinetas, scooters y bicicletas eléctricas. La medida busca establecer reglas claras en cuanto a seguridad, circulación y requisitos técnicos para estos vehículos que han aumentado su presencia en las ciudades del país. La propuesta incluye la obligatoriedad de registrar estos vehículos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) con una identificación visible, similar a una placa. Además, se establecen límites de velocidad: 25 km/h en ciclorrutas y espacios recreativos, y hasta 40 km/h para bicicletas eléctricas fuera del perímetro urbano. Se exigirá el uso de casco certificado y chaleco reflectivo en horario nocturno, y se definen requisitos técnicos mínimos como frenos, luces y señal acústica. El objetivo principal de esta reglamentación es mejorar la seguridad vial, organizar el uso de estos vehículos, fortalecer la infraestructura y avanzar hacia ciudades más sostenibles y seguras. El Ministerio ha abierto el borrador a comentarios de ciudadanos, usuarios y sectores relacionados para su posterior implementación definitiva, prevista para entrar en vigor plenamente a partir de enero de 2029 para vehículos que no cumplan los requisitos.

Análisis político

La estrategia política del Ministerio de Transporte se centra en la regulación proactiva ante un fenómeno de movilidad creciente y hasta ahora con vacíos legales. Al presentar un borrador y abrirlo a comentarios, se busca generar legitimidad y participación ciudadana, anticipándose a posibles críticas y construyendo consenso. La ministra María Fernanda Rojas articula la iniciativa como una respuesta necesaria a la realidad de las calles, buscando proteger la vida y ordenar la movilidad, alineándose con planes de seguridad vial y estándares internacionales. El principal beneficiario de esta regulación es el Estado, que gana control y capacidad de ordenamiento sobre un sector en expansión, mejorando la seguridad vial y la convivencia. Los usuarios de estos vehículos, si bien enfrentan nuevas obligaciones, también obtienen reglas claras que pueden protegerlos. Los sectores que pierden son aquellos que se beneficiaban del vacío legal o que podrían ver limitadas sus operaciones. Las narrativas se construyen en torno a la modernización, sostenibilidad y seguridad, posicionando al gobierno como un actor que responde a las dinámicas urbanas y protege a los ciudadanos.

El Ministerio de Transporte ha presentado un proyecto de resolución que busca establecer por primera vez en Colombia reglas claras para la circulación de vehículos de micromovilidad y movilidad eléctrica personal, como patinetas, scooters y bicicletas eléctricas. La medida tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial, ordenar el uso de estos vehículos y avanzar hacia ciudades más sostenibles y seguras, respondiendo a la creciente presencia de estos medios de transporte en las calles del país. La propuesta detalla requisitos técnicos y de seguridad obligatorios, incluyendo frenos delantero y trasero, luces, elementos reflectivos, señal acústica y limitadores de velocidad. También se exigirá el uso de casco certificado y chaleco reflectivo en horario nocturno. Adicionalmente, se plantea la implementación de un sistema de identificación para estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), que incluirá una lámina visible con datos técnicos y un código único. La reglamentación define límites de velocidad específicos, estableciendo un máximo de 25 km/h en espacios recreativos y deportivos, y hasta 40 km/h para bicicletas eléctricas autorizadas fuera del perímetro urbano. El Ministerio ha abierto el borrador a comentarios y observaciones de ciudadanos, usuarios y sectores relacionados, buscando fortalecer la norma y adaptarla a las dinámicas de movilidad urbana, en concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Vial y estándares internacionales.

Análisis político

La estrategia política del Ministerio de Transporte se centra en la regulación proactiva ante una realidad de movilidad en expansión, buscando anticiparse a vacíos legales y problemas de control. Al presentar un borrador abierto a comentarios, se busca generar legitimidad y participación ciudadana, fortaleciendo la narrativa de un gobierno que escucha y construye normas consensuadas. La ministra María Fernanda Rojas articula la iniciativa como un avance hacia la seguridad, sostenibilidad y modernidad, alineándose con planes nacionales y estándares internacionales. El principal actor beneficiado es el Gobierno, que proyecta una imagen de gestión y ordenamiento. Los usuarios de estos vehículos ganan claridad normativa y potencialmente mayor seguridad, aunque enfrentarán nuevas exigencias. Los fabricantes e importadores deberán adaptarse a los requisitos técnicos. Los perdedores potenciales son aquellos que operan al margen de la ley o que no cumplan con las nuevas disposiciones, quienes podrían enfrentar multas e inmovilizaciones. Las narrativas se construyen en torno a la necesidad de "reglas claras" para una "realidad en las calles", priorizando la "protección de la vida" y la "movilidad sostenible".