El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero Bernate, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro sobre las denuncias de fraude electoral. Quintero Bernate advirtió sobre una "narrativa oficial" que, según él, descalifica anticipadamente a la autoridad electoral y afecta la confianza en el sistema democrático. Señaló que las reglas electorales actuales son las mismas bajo las cuales Petro llegó a la Presidencia, enfatizando la necesidad de ejercer el poder de manera responsable y con vocación republicana. Las declaraciones del magistrado surgen en medio de las constantes afirmaciones del presidente Petro sobre supuestos fraudes y cuestionamientos a la Registraduría y a la empresa Thomas Greg & Sons, encargada del software electoral. Petro ha solicitado auditorías técnicas independientes y ha criticado la forma en que se maneja el código fuente del software, argumentando que exponerlo públicamente no garantiza la transparencia. En respuesta, el registrador nacional, Hernán Penagos, negó un discurso de fraude y calificó la divulgación del código fuente como un "grave riesgo" para la integridad electoral. Penagos defendió la transparencia del proceso, destacando que el sistema electoral colombiano es eminentemente manual y que los software solo agilizan la presentación de datos preliminares, no determinan los resultados. Aseguró que se han implementado mecanismos de auditoría y que la entrega total del código fuente podría ser explotada por hackers.

Análisis político

Se observa una estrategia de construcción de narrativas contrapuestas. Por un lado, el presidente Petro busca generar una percepción de riesgo electoral y falta de garantías, apelando a la necesidad de "vigilancia masiva del voto" y auditorías técnicas profundas. Esta narrativa busca movilizar a sus bases y justificar posibles resultados adversos, señalando previamente al sistema. Por otro lado, la Corte Suprema y la Registraduría, a través de sus voceros, promueven una narrativa de responsabilidad institucional y defensa de la institucionalidad democrática, advirtiendo sobre los peligros de descalificar anticipadamente a las autoridades electorales y cuestionando la pertinencia de las exigencias presidenciales sobre el código fuente. El presidente Petro y su gobierno parecen ganar en visibilidad y en la capacidad de polarizar el debate, manteniendo la atención sobre las presuntas irregularidades y fortaleciendo su rol de "defensor" de la voluntad popular. La Registraduría y la Corte Suprema, al pronunciarse, buscan salvaguardar la legitimidad del proceso electoral y la independencia de las instituciones, pero corren el riesgo de ser percibidas como alineadas con intereses contrarios a los del gobierno, perdiendo potencial apoyo ciudadano en este aspecto. La ciudadanía, por su parte, queda expuesta a narrativas divergentes que pueden generar desconfianza generalizada.