El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular Externa 017 de 2026, estableciendo nuevas obligaciones para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y gestores farmacéuticos. La medida busca asegurar la continuidad de los tratamientos médicos de los pacientes, independientemente de las fallas administrativas, financieras o contractuales entre los actores del sistema. Esta directriz responde a las quejas recurrentes sobre demoras, entregas incompletas y falta de disponibilidad de medicamentos. La circular exige a las EPS contar con redes suficientes de gestores farmacéuticos y mecanismos alternos de dispensación, incluyendo la entrega domiciliaria en un plazo máximo de 48 horas para medicamentos pendientes. Además, se ordena garantizar la pluralidad de oferentes y activar planes de mitigación, como la importación de medicamentos vitales no disponibles, en caso de existir un único proveedor o riesgo de desabastecimiento. Se busca mantener un flujo transparente de recursos y reportar cualquier escasez al Sistema de Monitoreo del Abastecimiento. La Superintendencia Nacional de Salud y las entidades territoriales reforzarán las funciones de inspección, vigilancia y control, y se habilitan para recibir denuncias ciudadanas. La medida busca proteger especialmente a pacientes crónicos y vulnerables, reiterando que ninguna entidad puede incurrir en prácticas que limiten la competencia o afecten el acceso oportuno a medicamentos, priorizando la vida y el bienestar de los usuarios.

Análisis político

La estrategia política observada es la emisión de una circular que busca mejorar la atención a pacientes mediante la imposición de nuevas obligaciones a las EPS, respondiendo a la presión social generada por las quejas sobre la entrega de medicamentos. El Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, busca proyectar una imagen de acción y protección al ciudadano frente a las deficiencias del sistema. Quien gana con esta medida es el gobierno al mostrarse proactivo, mientras que las EPS podrían verse presionadas a mejorar sus procesos o enfrentar sanciones. La narrativa se centra en la protección del paciente y la exigencia de cumplimiento a las EPS, buscando legitimar la intervención estatal en el sistema de salud. Sin embargo, se señala que esta circular podría no abordar el problema de fondo, que es la crisis financiera del sector de la salud, particularmente la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), tal como lo ha advertido la Corte Constitucional. Esta discrepancia entre la acción administrativa y la problemática estructural genera narrativas distintas: el gobierno enfatiza la regulación y el control, mientras que críticos y algunos actores del sector señalan que la solución real pasa por la financiación adecuada del sistema. Las EPS, por su parte, podrían argumentar que las nuevas exigencias son difíciles de cumplir sin una mejora en los recursos recibidos, lo que genera un conflicto de intereses y narrativas contrapuestas sobre la causa y solución de los problemas en la entrega de medicamentos.

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular Externa 017 de 2026, estableciendo nuevas obligaciones para las EPS y gestores farmacéuticos frente al suministro de medicamentos. La medida busca asegurar que los pacientes no vean suspendidos sus tratamientos por fallas administrativas o financieras entre las entidades. La circular responde a quejas recurrentes sobre demoras y entregas incompletas de medicamentos. Ahora, las EPS deben contar con suficientes gestores farmacéuticos y mecanismos alternos de entrega, incluyendo domiciliaria, con un plazo máximo de 48 horas para resolver pendientes. Se exige pluralidad de oferentes y planes de mitigación para medicamentos con único proveedor. La Superintendencia Nacional de Salud y las entidades territoriales reforzarán la inspección, vigilancia y control, pudiendo compulsar copias a la Fiscalía en caso de incumplimiento. Se busca evitar prácticas que limiten la competencia y garantizar el acceso oportuno a tratamientos, priorizando la vida y el bienestar de los usuarios.

Análisis político

La estrategia política observada es la de un gobierno que busca ejercer mayor control y exigencia sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ante las crecientes quejas ciudadanas por fallas en la entrega de medicamentos. Se busca proyectar una imagen de acción y protección al usuario, especialmente a poblaciones vulnerables y crónicas. El Ministerio de Salud actúa como ente regulador y sancionador, fortaleciendo su rol frente a las EPS. El Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional ganan legitimidad al responder a una problemática social evidente y al emitir directrices claras. Las EPS, por otro lado, pierden autonomía y enfrentan mayores responsabilidades y escrutinio, además de la posibilidad de sanciones. Los pacientes, en teoría, ganan al tener garantizada la continuidad de sus tratamientos, aunque la efectividad dependerá de la implementación y el cumplimiento de la circular. Se construyen narrativas distintas: el gobierno se presenta como protector de la salud pública, mientras que las EPS podrían argumentar limitaciones financieras o de operación.