La Seremi de Salud de la Región Metropolitana inició un sumario sanitario contra el laboratorio Corthorn Health tras una fiscalización realizada el pasado 11 de agosto. La inspección, motivada por una denuncia anónima, detectó deficiencias en la identificación de muestras biológicas almacenadas en refrigeradores y fallas administrativas, incluyendo la falta de autorización para el manejo de residuos clínicos. Aunque los fiscalizadores confirmaron que la contramuestra del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, permanecía bajo custodia, advirtieron que las condiciones observadas podrían comprometer la trazabilidad de los análisis. Juan Pablo Rodríguez, quien debió dejar su cargo tras un resultado positivo en un test de drogas realizado en dicho recinto, reaccionó a la noticia afirmando que la verdad prevalecerá. El exsubsecretario ha sostenido reiteradamente su inocencia, argumentando que los nuevos antecedentes refuerzan sus sospechas sobre una posible contaminación de su muestra original o errores en la cadena de custodia. Rodríguez ha buscado validar su postura mediante exámenes adicionales realizados en otros centros, los cuales habrían arrojado resultados negativos. Por su parte, el laboratorio Corthorn Health rechazó las observaciones de la autoridad sanitaria, calificándolas como riesgos hipotéticos y no como hechos constatados. La empresa aseguró que ha implementado medidas correctivas, como la mejora en el rotulado de refrigeradores, y que se encuentra regularizando los aspectos administrativos señalados. Actualmente, el sumario sanitario sigue en curso y se espera una resolución definitiva por parte de la autoridad de salud metropolitana.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de validación personal por parte del exsubsecretario, quien utiliza los hallazgos administrativos del laboratorio para cuestionar la legitimidad de su salida del Gobierno. Al vincular las deficiencias técnicas del recinto con su caso particular, Rodríguez intenta transformar un problema de gestión sanitaria en un argumento político que sustente su inocencia y presione por una rehabilitación de su imagen pública. En este escenario, el exsubsecretario aparece como el principal interesado en capitalizar el sumario para revertir su situación, mientras que el laboratorio se posiciona como el actor que busca mitigar el daño reputacional mediante la defensa técnica. La narrativa se construye bajo una tensión entre la rigurosidad de los protocolos sanitarios y la interpretación de los errores administrativos, donde el Gobierno mantiene distancia mientras el afectado utiliza el proceso para mantener vigente su versión de los hechos.