Ministro de Hacienda defiende metas económicas y critica judicialización de políticas públicas en EnadeActualizado · hace 8 días
Resumen
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debutó en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2026 ratificando las metas de crecimiento y reducción de desempleo de la administración de José Antonio Kast. El secretario de Estado proyectó un crecimiento superior al 3% para 2027 y anunció la presentación del nuevo Estatuto Pyme para noviembre. A pesar de estas proyecciones, reconoció que el país enfrentará resultados negativos en el Imacec durante los próximos meses debido al impacto de la baja producción minera y factores climáticos.
Durante su intervención, Quiroz cuestionó el relato que posiciona al Estado como la solución principal a los problemas del país y defendió la necesidad de multiplicar por cinco el ritmo de inversión privada. El ministro enfatizó que la hoja de ruta gubernamental se mantendrá firme frente a pulsiones populistas o cortoplacistas. Asimismo, destacó que el Gobierno ha logrado ingresar un volumen significativo de proyectos a evaluación ambiental, superando los registros de la última década.
El titular de Hacienda también abordó la judicialización de las políticas públicas, criticando el uso del Tribunal Constitucional para impugnar decisiones gubernamentales, lo cual calificó como un factor que traumatiza la vida social. Además, reveló gestiones con la presidenta de la Corte Suprema para agilizar causas en los Tribunales Ambientales. Estas declaraciones buscan consolidar la confianza del sector privado en la estrategia económica del Ejecutivo frente a las dificultades coyunturales.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en una narrativa de 'normalización' económica que busca desmarcarse de las políticas de la administración anterior, apelando a la confianza del sector privado como motor de crecimiento. Al utilizar el Enade como tribuna, el ministro Quiroz intenta alinear las expectativas empresariales con una hoja de ruta rígida, utilizando un tono confrontacional contra la oposición y el uso del Tribunal Constitucional para blindar su agenda de reformas frente a la judicialización.
En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante el empresariado al mostrarse como un actor que defiende la iniciativa privada, pero arriesga perder apoyo si las proyecciones de crecimiento no se materializan pronto, dado que los Imacec negativos siguen golpeando la percepción pública. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la 'responsabilidad técnica' del Ejecutivo y el 'populismo' de quienes recurren a instancias judiciales para frenar sus políticas, polarizando el debate sobre la gobernabilidad y la eficacia del Estado.
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