La oposición chilena ha postergado la presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, debido a la necesidad de consolidar un texto jurídicamente sólido que garantice los votos necesarios en la Cámara de Diputados. El bloque opositor, que requiere 76 votos para aprobar el libelo, mantiene conversaciones con el Partido de la Gente (PDG), cuya bancada se muestra dividida y cautelosa ante la posibilidad de inmiscuirse en la pugna política. Mientras tanto, los parlamentarios opositores han recurrido a la Contraloría para exigir la entrega de los decretos que permitieron la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. El Presidente José Antonio Kast, desde su gira en Europa, ha ratificado su respaldo al ministro Rabat, asumiendo la responsabilidad política de su permanencia y emplazando a la oposición a presentar el libelo de inmediato. El mandatario ha calificado la ofensiva opositora como una disputa política que entorpece la agenda legislativa y el debate presupuestario. Por su parte, el ministro Rabat ha justificado la demora en la entrega de los decretos argumentando la necesidad de proteger datos sensibles de las víctimas, postura que ha sido calificada por la oposición como una obstrucción a su labor fiscalizadora. La crisis ha escalado hasta afectar la tramitación del Presupuesto 2027, con sectores de la oposición anunciando el rechazo a los recursos destinados al gabinete del Ministerio de Justicia. A pesar de la unidad de propósito declarada por los partidos opositores, la falta de una fecha concreta para la presentación de la acusación ha generado impaciencia interna y dudas sobre la efectividad de la estrategia. La situación se mantiene en suspenso mientras se espera la definición del cronograma tras las reuniones de coordinación de las bancadas y sus equipos jurídicos.

Análisis político

La estrategia opositora se centra en una táctica de desgaste y presión parlamentaria, buscando capitalizar el descontento público por las rebajas de penas para forzar una salida política del ministro Rabat. Al condicionar la aprobación del presupuesto y postergar la acusación, intentan maximizar la presión sobre el Ejecutivo, aunque esta demora arriesga la credibilidad del bloque si no logran concretar el libelo con éxito. Por otro lado, el Gobierno utiliza una estrategia de blindaje presidencial, centralizando la responsabilidad en la figura de Kast para evitar que la crisis se fragmente y afecte la gobernabilidad, mientras intenta deslegitimar la acusación tildándola de una maniobra política sin sustento jurídico. El gran ganador de este evento es, por ahora, el Gobierno, que logra ganar tiempo para enfriar la crisis y alinear a sus filas, mientras que la oposición corre el riesgo de perder el impulso inicial si la acusación es rechazada, lo que fortalecería la posición del ministro. La narrativa se construye de forma divergente: mientras la oposición presenta el caso como una cuestión de probidad y defensa de las víctimas, el oficialismo lo enmarca como una disputa política menor que obstaculiza la gestión de problemas de fondo, utilizando el llamado a la responsabilidad institucional para intentar aislar a los parlamentarios disidentes de su propia coalición.