La Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos inició el debate sobre la partida del Ministerio de Salud para 2027, centrando las críticas en una reducción de 28.207 millones de pesos para la Ley Ricarte Soto. La ministra de Salud, May Chomali, justificó el recorte argumentando que el fondo se agota este año, por lo que se priorizará la continuidad de los tratamientos actuales sin incorporar nuevas patologías. Parlamentarios como Juan Luis Castro y Karol Cariola advirtieron que esta medida impacta directamente a los pacientes y cuestionaron la sostenibilidad del financiamiento proyectado. El debate también abordó la eliminación de 77 glosas de información presupuestaria y una reducción del 5,3% real en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Mientras el Ejecutivo defendió que el presupuesto total aumenta un 4,7%, la senadora Cariola calificó la cifra como un congelamiento del gasto real, acusando al Ministerio de Hacienda de emplear marketing fiscal. Representantes de gremios y organizaciones de pacientes expresaron su preocupación ante la falta de precisiones sobre la reducción de listas de espera y el bajo incremento del per cápita en la atención primaria. La sesión concluyó sin votaciones debido a la extensión de las exposiciones de las autoridades y los representantes de la sociedad civil. La instancia acordó postergar la discusión y la votación de la partida para el martes 20 de octubre. El Ejecutivo se comprometió a presentar un proyecto de ley para modificar la normativa de la Ley Ricarte Soto, aunque no entregó una fecha específica para su ingreso al Congreso.

Análisis político

En el contexto chileno, se observa una estrategia de fiscalización parlamentaria que busca visibilizar el impacto social de los ajustes presupuestarios, utilizando la votación por separado de partidas críticas como una herramienta de presión política. El Gobierno, por su parte, intenta gestionar la narrativa técnica de la eficiencia del gasto para justificar recortes, enfrentándose a una oposición que desarticula el discurso oficial al contrastar las cifras con la realidad de los beneficiarios. El gran perdedor político es el Ejecutivo, que enfrenta un desgaste al ser cuestionado por la transparencia de sus proyecciones y la supuesta indolencia en el manejo de recursos sensibles. Por otro lado, los parlamentarios de oposición y oficialismo crítico ganan capital político al posicionarse como defensores de los pacientes, construyendo una narrativa donde el Ministerio de Hacienda es presentado como un actor que prioriza la calculadora fiscal sobre las necesidades sanitarias urgentes.