La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó una indicación del Ejecutivo que faculta a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para gestionar el nuevo Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV). Esta medida forma parte del proyecto de reforma al Mercado de Capitales (MK4), diseñado para facilitar el acceso a la primera vivienda mediante un sistema de ahorro con bonificación estatal. La votación, que resultó en nueve votos a favor y cuatro en contra, permite que las AFP operen cuentas de capitalización habitacional, ampliando su giro tradicional más allá de la gestión previsional. La aprobación ocurre en un contexto de alta sensibilidad política debido a la caída superior al 10% del Fondo E, el instrumento más conservador del sistema de pensiones. Parlamentarios de oposición y algunos sectores oficialistas han cuestionado la pertinencia de otorgar nuevas facultades a las administradoras mientras enfrentan críticas por su gestión de riesgos financieros. La diputada Irací Hassler (PC) y otros legisladores han advertido que esta medida representa una expansión del negocio de las AFP sin garantías claras de menores comisiones o mejores condiciones para los usuarios. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la indicación argumentando que la inclusión de las AFP fomenta la competencia en el mercado financiero. Según el Ejecutivo, el diseño del programa habitacional es independiente de la gestión previsional y busca ofrecer más alternativas a los ciudadanos. El proyecto, que incluye otras medidas como la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), continuará su tramitación en la Sala de la Cámara de Diputados el próximo martes.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en la modernización del mercado de capitales bajo una lógica de libre competencia, buscando integrar a las AFP como actores clave en nuevos segmentos financieros. Esta táctica intenta normalizar la participación de las administradoras en áreas ajenas a las pensiones, aunque choca con una narrativa opositora que vincula cualquier expansión de estas entidades con la desconfianza pública generada por las pérdidas en el Fondo E. El Gobierno apuesta a que el respaldo técnico y transversal obtenido en la comisión sea suficiente para blindar la medida en la votación de Sala. En este escenario, el Gobierno gana al avanzar en su agenda de reformas económicas y diversificación de instrumentos financieros, pero pierde capital político al reabrir un flanco de conflicto ideológico sobre el rol de las AFP. La oposición, por su parte, construye una narrativa de defensa del ahorro ciudadano frente a una industria cuestionada, utilizando el mal desempeño del Fondo E como un símbolo de ineficiencia. La disputa revela una fractura profunda donde la eficiencia técnica del mercado se enfrenta a la deslegitimación social de los actores que lo componen.