La Corte Suprema de Justicia citó a la senadora Martha Peralta a indagatoria para el 18 de junio, en el marco de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. La congresista es señalada de presuntamente participar en el direccionamiento de contratos de maquinaria amarilla para La Guajira, relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los señalamientos se basan en testimonios de exdirectivos de la entidad y en chats que evidenciarían su presunta responsabilidad. La investigación se centra en un contrato por aproximadamente 2.170 millones de pesos para la contratación de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a obras en Riohacha. Según las pesquisas, Peralta habría intervenido para favorecer a contratistas específicos y presuntamente utilizó recursos de la UNGRD para organizar manifestaciones y apoyar campañas políticas. La Fiscalía también la ha mencionado como una posible "articuladora política" para asegurar votos a favor de proyectos de Gobierno. La senadora ha rechazado los señalamientos, argumentando que la investigación tiene un trasfondo político y que es víctima de una campaña de estigmatización por su respaldo a las reformas del actual gobierno. A pesar de los cuestionamientos, Peralta fue reelegida para el periodo 2026-2030. La citación a indagatoria, inicialmente programada para mayo, fue aplazada y ahora se realizará ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Análisis político

Se observa una estrategia de defensa por parte de la senadora Peralta, quien alega un trasfondo político en la investigación y se presenta como víctima de una campaña de desprestigio por su apoyo a las reformas gubernamentales. Esta narrativa busca desviar la atención de las acusaciones y movilizar a sus bases políticas. Por otro lado, la Corte Suprema y la Fiscalía avanzan en la recopilación de pruebas, incluyendo testimonios y chats, para establecer la presunta participación de la congresista en el direccionamiento de contratos y el uso de recursos públicos con fines políticos. La senadora Martha Peralta, al ser citada a indagatoria, se posiciona como una figura central en el escándalo de la UNGRD, lo que podría generar un desgaste político para ella y su partido, especialmente si las acusaciones se confirman. Quienes ganan con este evento son los sectores que buscan debilitar al gobierno y sus reformas, al vincular a una congresista afín a estas iniciativas con actos de corrupción. La narrativa de "persecución política" construida por la defensa busca generar solidaridad y resistencia, mientras que la evidencia presentada por la justicia busca demostrar la comisión de delitos.