El presidente Gustavo Petro y la candidata presidencial Paloma Valencia protagonizaron un fuerte cruce de mensajes en redes sociales, centrado en dos temas: la decisión de la Corte Constitucional sobre la jurisdicción agraria y un presunto sobrecosto en el "Proyecto Fortaleza" del Ministerio de Defensa. Valencia criticó al Gobierno por intentar eliminar la fase judicial en procesos agrarios, calificando el fallo de la Corte como un precedente vinculante que el propio ejecutivo generó. Petro, por su parte, acusó a Valencia de tener conflicto de interés y amenazó con llevar el tema de la jurisdicción agraria al Consejo de Seguridad de la ONU, argumentando un incumplimiento del Acuerdo de Paz por una "revancha conservadora". Adicionalmente, Valencia denunció que el Ministerio de Defensa, bajo la gestión del exministro Iván Velásquez, habría girado $195.375 millones a un contratista canadiense como utilidad anticipada en el "Proyecto Fortaleza", sin que la obra iniciara y sin garantías. Petro respondió defendiendo a Velásquez y afirmando que el contrato, firmado inicialmente en el gobierno anterior, fue renegociado para terminarlo de común acuerdo y que el dinero sería devuelto, señalando a Valencia y al expresidente Duque como responsables del riesgo cambiario. Este intercambio evidencia una escalada en la confrontación política entre ambos, a pocas semanas de la primera vuelta presidencial. Las acusaciones mutuas abarcan desde la interpretación de decisiones judiciales hasta presuntos actos de corrupción y manejo de recursos públicos. La disputa se enmarca en un contexto de polarización y búsqueda de posicionamiento electoral, con Petro defendiendo su gestión y Valencia cuestionando al gobierno y a sus funcionarios.

Análisis político

Se observa una estrategia de confrontación directa y polarización por parte de ambos actores. Paloma Valencia busca capitalizar presuntos errores o irregularidades del gobierno Petro, utilizando un lenguaje acusatorio y comparando situaciones con escándalos previos para generar desconfianza. Su enfoque es interpelar al presidente y a su círculo cercano, apelando a la opinión pública y a las entidades de control. Por otro lado, Gustavo Petro responde con descalificaciones personales y argumentaciones que buscan desviar la atención, atribuyendo las críticas a intereses políticos de la "derecha" y a "revanchas conservadoras", y defendiendo a sus funcionarios con argumentos históricos y de contexto. Paloma Valencia y su sector político (asociado al Centro Democrático) se benefician al posicionarse como una alternativa de control y fiscalización frente a un gobierno percibido como ineficiente o corrupto. Gustavo Petro, aunque atacado, busca movilizar a su base electoral y a sectores que apoyan su agenda de reformas, presentándose como víctima de una "mafia" o "conservadurismo" que frena el "mandato del pueblo". Las narrativas construidas son opuestas: Valencia habla de "corrupción" y "mal manejo de recursos", mientras Petro habla de "persecución política", "incumplimiento de acuerdos de paz" y "defensa de intereses de la nación frente a la derecha".

El presidente Gustavo Petro y la candidata presidencial Paloma Valencia protagonizaron un fuerte intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de un fallo de la Corte Constitucional sobre la jurisdicción agraria. Petro acusó a quienes participaron en la decisión de incumplir el punto uno del Acuerdo de Paz y amenazó con informar ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Valencia, por su parte, defendió la actuación de la Corte y afirmó que el Gobierno intentó eliminar la fase judicial de los procesos agrarios. La disputa se centró en la decisión de la Corte Constitucional de mantener la fase judicial en los procesos agrarios, luego de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solicitara su eliminación. Valencia celebró la decisión, argumentando que la Corte defendió el debido proceso y creó un precedente vinculante. Petro, en cambio, vinculó la decisión a una "revancha conservadora" y a intereses de "terratenientes", señalando que esto frena las reformas de su gobierno. Petro ligó la concentración de la tierra a la desigualdad, el narcotráfico y la violencia histórica en Colombia, haciendo referencia a la "herencia feudal" y a la historia de familias como la de Valencia. Valencia respondió pidiendo al presidente no atacar a las Cortes, respetar los límites de su poder y la Constitución, y defendió que los procesos de sus parientes deben resolverse conforme a la ley.

Análisis político

Se observa una estrategia del presidente Petro de vincular la discusión sobre la jurisdicción agraria a temas históricos de desigualdad, narcotráfico y violencia, buscando legitimar su reforma agraria como una solución a problemas estructurales del país. Al mismo tiempo, acusa a sus opositores, como Valencia, de defender intereses de "terratenientes" y de ser parte de una "revancha conservadora" que busca frenar el mandato popular. Por otro lado, Valencia emplea una estrategia de defensa institucional, apelando a la autonomía de las Cortes, el debido proceso y la Constitución, mientras acusa al gobierno de intentar "hacerle conejo" a la ley y saltarse al Congreso. Con este evento, el presidente Petro busca movilizar a sus bases y a sectores campesinos e indígenas, presentándose como defensor de la reforma rural integral y del Acuerdo de Paz, y señalando a las Cortes y a la oposición como obstáculos. Paloma Valencia, por su parte, se posiciona como una voz de control y equilibrio institucional frente a lo que percibe como extralimitaciones del ejecutivo, buscando atraer a votantes que valoran la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones. La narrativa de Petro se enfoca en la lucha histórica por la tierra y la desigualdad, mientras que la de Valencia se centra en el respeto a las normas y la defensa del Estado de derecho.