Narcotraficante beneficiado por decreto de Justicia reincide en Arica a seis meses de libertad
Resumen
Edixon Escobar García, un ciudadano venezolano condenado originalmente por tráfico de drogas, fue detenido nuevamente el 30 de octubre en Arica por el mismo delito. El sujeto había recuperado su libertad en abril de 2026 tras recibir una rebaja de seis meses en su condena, beneficio otorgado mediante un decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Actualmente, el imputado permanece en prisión preventiva por orden del Juzgado de Garantía de Arica.
El caso destaca por el historial delictivo y disciplinario del individuo, quien contaba con una condena previa de cinco años y una expulsión fallida del país. A pesar de que en 2025 una comisión evaluadora le denegó la libertad condicional por riesgo de reincidencia y de haber sido sancionado por desórdenes en el recinto penitenciario, el Ministerio de Justicia procedió con la reducción de su pena. La decisión se justificó bajo el criterio de que la gravedad del delito no era impedimento legal para otorgar el beneficio si se cumplían los requisitos formales.
La controversia se agudiza debido a fallas en la coordinación interinstitucional detectadas en el proceso. El decreto de rebaja no fue notificado inicialmente a la Policía de Investigaciones ni al Servicio Nacional de Migraciones, organismos encargados de gestionar las expulsiones. Esta situación se suma a la crisis política que enfrenta el Gobierno ante una posible acusación constitucional contra el ministro Rabat por la firma de más de un centenar de decretos similares.
Análisis Político
La estrategia política del Gobierno se centra en defender la legalidad técnica de los decretos, argumentando que las rebajas de penas responden a una doctrina judicial preexistente y no a una decisión discrecional arbitraria. Sin embargo, la reincidencia de un beneficiado por esta política debilita la narrativa oficial, exponiendo una desconexión entre la gestión administrativa del Ministerio de Justicia y la realidad de la seguridad pública. La oposición utiliza este caso como un catalizador para profundizar la crisis de confianza, vinculando la gestión de Rabat con una supuesta negligencia en el control migratorio y la lucha contra el narcotráfico.
En este escenario, el Gobierno pierde capital político al quedar expuesto a críticas sobre la eficacia de sus políticas de reinserción y control, mientras que la oposición gana terreno para justificar la acusación constitucional contra el ministro. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ejecutivo intenta despolitizar el tema apelando a la continuidad de leyes vigentes desde 2003, sus detractores construyen un relato de impunidad y falta de coordinación estatal, utilizando la reincidencia de Escobar como prueba tangible de los riesgos asociados a estas medidas.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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