El Congreso de Paraguay destituyó al presidente Santiago Peña tras un juicio político motivado por el colapso de Ueno Bank, entidad financiera que administraba fondos públicos y previsionales. La intervención del Banco Central reveló una insolvencia crítica que afectó a cerca de tres millones de clientes y provocó pérdidas estimadas en 1.200 millones de dólares. El mandatario intentó renunciar previamente para evitar el proceso, pero el Legislativo rechazó su dimisión para proceder con su remoción formal por mal desempeño de funciones. La crisis escaló rápidamente cuando el Partido Colorado, colectividad del exmandatario, retiró su respaldo político bajo la influencia de su antiguo mentor, Horacio Cartes. Peña, quien fue accionista del holding controlador del banco hasta 2025, enfrentó acusaciones de conflicto de intereses y tráfico de influencias. El Senado rechazó una solicitud de prórroga de 72 horas presentada por la defensa del presidente, acelerando una votación casi unánime que selló su salida definitiva del cargo. En Chile, el evento generó repercusiones inmediatas debido a la cercanía política entre el gobierno paraguayo y sectores de la oposición chilena. Senadores solicitaron oficiar a la Superintendencia de Pensiones para determinar si los fondos de pensiones nacionales mantienen inversiones expuestas a la crisis bancaria paraguaya. Por su parte, el presidente chileno evitó profundizar en el caso, limitándose a señalar que se trata de una situación interna que debe resolver el pueblo paraguayo.

Análisis político

La caída de Peña evidencia la fragilidad de los liderazgos construidos bajo el alero de figuras tutelares en el sistema político paraguayo, donde la lealtad partidaria es volátil ante crisis financieras que amenazan la estabilidad institucional. La estrategia de la oposición y del propio Partido Colorado consistió en una acción coordinada y rápida para desvincularse del mandatario, evitando que el costo político del desfalco arrastrara a toda la estructura de poder. Con esto, el gran ganador es el aparato partidario tradicional que logra purgar a un líder que intentó ganar autonomía, mientras que el gran perdedor es el proyecto de gestión tecnocrática que Peña representaba. En el contexto chileno, el evento es utilizado como una herramienta de confrontación narrativa. Mientras sectores de oposición buscan instalar dudas sobre la seguridad de los fondos previsionales y cuestionar los modelos económicos que el oficialismo paraguayo compartía con figuras de la derecha chilena, el Ejecutivo chileno opta por una estrategia de distanciamiento para evitar el costo reputacional de haber elogiado previamente el modelo paraguayo. La construcción de la narrativa se divide entre quienes ven en el caso una advertencia sobre los riesgos de la desregulación financiera y quienes intentan aislar el hecho como un problema local sin impacto en la política exterior chilena.