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Noviembre 4, 2026
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Contraloría fiscaliza al Ministerio de Justicia por rebajas de penas a abusadores sexuales

Resumen i

La Contraloría General de la República inició una fiscalización en el Ministerio de Justicia para investigar posibles irregularidades administrativas en la concesión de rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. El organismo también requirió un informe a la cartera ministerial tras una presentación de parlamentarios que denunciaron la falta de respuesta a oficios enviados por la Defensoría de la Niñez. Esta intervención se suma a una arista penal abierta por la Fiscalía para determinar si existió prevaricación administrativa en la gestión de dichos beneficios penitenciarios.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, justificó la demora en la entrega de los decretos argumentando que la información contiene datos sensibles de las víctimas que requieren un tratamiento cuidadoso. El secretario de Estado sostuvo que el ministerio está trabajando para cumplir con los requerimientos legales a la brevedad, a pesar de la gran cantidad de solicitudes acumuladas desde el año 2003. Rabat desestimó las críticas sobre su gestión y respaldó la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantenerlo en su cargo, enfatizando que no es un comentarista de las decisiones presidenciales.

La oposición parlamentaria ha intensificado sus cuestionamientos, acusando al ministro de indolencia frente a las víctimas y de obstruir la labor fiscalizadora del Congreso. Los legisladores presentaron una carta formal manifestando su rechazo a la conducta de Rabat durante una sesión especial, donde el ministro evitó entregar antecedentes concretos y se retiró antes de finalizar la instancia. Mientras tanto, el oficialismo defiende la actuación del titular de Justicia, calificando la fiscalización de la Contraloría como un procedimiento administrativo habitual dentro de la arquitectura institucional del país.

Análisis Político i

La estrategia del Gobierno se centra en el blindaje político del ministro Rabat por parte del Presidente Kast, buscando contener la crisis mediante la normalización de las fiscalizaciones institucionales y el traslado de la responsabilidad hacia vacíos legislativos previos. Por su parte, la oposición utiliza la vía administrativa de la Contraloría y la presión parlamentaria para desgastar la figura del ministro, construyendo una narrativa de indolencia y falta de transparencia que busca forzar una salida política o habilitar una acusación constitucional.

En este escenario, el Gobierno pierde capital político al quedar expuesto a investigaciones paralelas que cuestionan su probidad, mientras que la oposición gana terreno al posicionarse como defensora de las víctimas y de la transparencia institucional. La construcción de narrativas es divergente: el Ejecutivo apela a la legalidad técnica y a la protección de datos sensibles para justificar el hermetismo, mientras que sus detractores interpretan dicho silencio como una falta de voluntad política para rendir cuentas ante el Congreso y la ciudadanía.

Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente

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