El Presidente José Antonio Kast descartó nuevamente realizar un cambio de gabinete, manteniendo su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de una creciente controversia por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales y, recientemente, a 115 narcotraficantes extranjeros. El mandatario calificó la situación como un tema que debe abordarse mediante el debate legislativo y emplazó a la oposición a presentar formalmente la acusación constitucional si tienen dudas sobre la gestión del secretario de Estado. Por su parte, el ministro Rabat ha defendido sus actuaciones argumentando que se ajustan a la legalidad vigente y a criterios judiciales previos, aunque ha suspendido la tramitación de nuevos decretos de este tipo. La oposición, tras una reunión con expertos constitucionalistas, mantiene en suspenso la fecha exacta para ingresar el libelo acusatorio, aunque ha confirmado que el texto incluirá capítulos sobre la supuesta transgresión a la ley, falta a la probidad por entrega de información errónea al Congreso e incumplimiento de tratados internacionales sobre la niñez. Los parlamentarios opositores han enfatizado que el trabajo requiere rigurosidad jurídica y que la acusación es una convicción ética y política. A pesar de la presión, el bloque opositor aún busca coordinar los apoyos necesarios para asegurar la viabilidad de la destitución en la Cámara de Diputados. El debate se ha intensificado tras revelarse que, al inicio de su gestión, el Ministerio de Justicia rechazó solicitudes de rebaja de penas que fueron posteriormente respaldadas por tribunales, lo que contradice la tesis de que el cambio de doctrina era obligatorio. Analistas y exautoridades han señalado que la negativa del Ejecutivo a transparentar los decretos y la insistencia en la lealtad política colocan al ministro en una posición de alta vulnerabilidad. Mientras tanto, el Gobierno ha convocado a un comité político con el oficialismo para alinear la agenda legislativa y contener las tensiones internas ante la inminente ofensiva parlamentaria.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en la verticalidad del mando, utilizando la figura presidencial para blindar a su ministro y trasladar la responsabilidad del conflicto al Congreso, bajo la premisa de que la oposición busca réditos políticos en lugar de soluciones técnicas. Al descartar cambios de gabinete, Kast intenta evitar una señal de debilidad, aunque esta postura genera tensiones con sus propias bases y complica la disciplina partidaria, al forzar a los parlamentarios a elegir entre la lealtad al Gobierno y el costo ético de respaldar medidas impopulares. En este escenario, la oposición gana terreno al capitalizar el rechazo ciudadano hacia la rebaja de penas, construyendo una narrativa de defensa de la probidad y los derechos de las víctimas. Sin embargo, la demora en la presentación de la acusación constitucional podría jugar en su contra, permitiendo que el oficialismo instale la idea de que se trata de una maniobra dilatoria. El resultado final dependerá de la capacidad de la oposición para sumar votos indecisos, como los del Partido de la Gente, mientras el Gobierno apuesta a que el paso del tiempo y la complejidad técnica del libelo debiliten el impulso destituyente.