Un trabajador del área de carga del Aeropuerto de Santiago fue formalizado por la Fiscalía Metropolitana Occidente tras entregar gomitas con alto contenido de THC a siete compañeros de labores. El consumo de estos productos provocó una intoxicación masiva que derivó en la hospitalización de los afectados, manteniéndose uno de ellos en coma inducido en el Hospital Félix Bulnes. La policía incautó los dulces y chocolates para que el Instituto de Salud Pública realice los peritajes químicos correspondientes. La defensa del imputado, Ignacio Huerta, sostiene que el trabajador encontró las golosinas tras la caída de una maleta en la bodega y que las compartió sin conocer su composición ni tener intención de causar daño. El imputado incluso solicitó la revisión de las cámaras de seguridad del recinto para corroborar su versión de los hechos. Esta narrativa contrasta con la postura de la Fiscalía, que investiga si los productos fueron adquiridos intencionalmente en un grow shop para su distribución. El 1.º Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público y decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercamiento a las víctimas. Ante esta resolución, la Fiscalía apeló verbalmente en la misma audiencia, por lo que el imputado permanece recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 a la espera de que la Corte de Apelaciones defina su medida cautelar definitiva.

Análisis político

La estrategia de la defensa se centra en la construcción de una narrativa de accidentalidad y falta de dolo, buscando desvincular al imputado de la figura de tráfico de drogas mediante la solicitud de pruebas audiovisuales. Por otro lado, el Ministerio Público utiliza una estrategia de severidad penal, tipificando el evento bajo la Ley 20.000 y cuasidelitos de lesiones, con el objetivo de establecer un precedente ante la peligrosidad de la distribución de sustancias psicoactivas en entornos laborales críticos como un aeropuerto. En este evento, el sistema judicial se encuentra en una posición de arbitraje entre la presunción de inocencia y la gravedad de las consecuencias sanitarias. La Fiscalía pierde terreno momentáneamente al no lograr la prisión preventiva en primera instancia, mientras que la defensa gana tiempo para sustentar su tesis de hallazgo fortuito. La resolución final de la Corte de Apelaciones será determinante para establecer el estándar de responsabilidad penal en casos de intoxicación por sustancias ilícitas compartidas sin consentimiento explícito.

Siete trabajadores del sector de carga del Aeropuerto de Santiago resultaron intoxicados tras consumir gomitas y chocolates que contenían THC, los cuales fueron entregados por un compañero de labores. El hecho ocurrió durante la jornada del martes, provocando que los afectados presentaran síntomas como vómitos y mareos, lo que obligó a su traslado urgente a centros asistenciales. Actualmente, uno de los trabajadores permanece internado en estado grave, intubado y en coma inducido en el Hospital Félix Bulnes, mientras que el resto se encuentra bajo diagnóstico reservado. Carabineros de la 27ª Comisaría de Pudahuel detuvo al responsable, un hombre adulto de nacionalidad chilena sin antecedentes penales, quien también habría consumido los productos. Personal del OS7 incautó la evidencia restante, consistente en cuatro gomitas y un chocolate, los cuales fueron derivados al Instituto de Salud Pública para realizar peritajes químicos. Las autoridades buscan determinar si los alimentos contenían otras sustancias adicionales al THC que expliquen la gravedad del cuadro clínico presentado por las víctimas. La Fiscalía Occidente formalizará al detenido por los delitos de microtráfico de sustancias ilícitas y lesiones. La investigación se centra ahora en esclarecer el origen de los productos y las circunstancias en que fueron suministrados a los colegas. La policía enfatiza la necesidad de verificar si existió una intención deliberada de causar daño o si se trató de una acción sin mala intención, dado que el imputado también ingirió los dulces.

Análisis político

El evento expone la vulnerabilidad de los espacios laborales críticos ante la proliferación de sustancias ilícitas de consumo recreativo, planteando un desafío para los protocolos de seguridad interna en infraestructuras estratégicas. La estrategia política se observa en la rápida intervención de las instituciones, como Carabineros y la Fiscalía, que buscan contener la alarma pública mediante la judicialización inmediata del caso, marcando una postura de tolerancia cero ante el microtráfico, incluso en contextos de aparente camaradería laboral. En este escenario, la institución policial y el Ministerio Público ganan legitimidad al actuar con celeridad, mientras que el detenido pierde su libertad y enfrenta una grave responsabilidad penal. La narrativa oficial se construye desde la cautela técnica, enfocándose en los peritajes del Instituto de Salud Pública para descartar la presencia de sustancias más peligrosas, lo que permite a las autoridades evitar especulaciones y mantener el control sobre la información del suceso.