La Contraloría General de la República detectó deficiencias críticas en los mecanismos de control y supervisión aplicados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a las ambulancias aéreas durante 2023 y 2024. El Informe Final de Investigación Especial N°777 reveló que 15 vuelos fueron operados por tripulaciones no registradas y 581 viajes se realizaron en aeronaves no incorporadas en los manuales de las empresas. Estas irregularidades impiden verificar el motivo de los traslados, la identidad de los pasajeros y el cumplimiento de normativas sanitarias y de seguros. El organismo fiscalizador advirtió que la falta de antecedentes y las inconsistencias en la base de datos de la DGAC incrementan el riesgo de que estas operaciones se utilicen para fines irregulares. Además de los hallazgos mencionados, se identificaron otros 26 vuelos con incumplimientos en requisitos técnicos y autorizaciones sectoriales. La situación pone en entredicho la capacidad de la autoridad aeronáutica para garantizar la seguridad operacional en un servicio crítico para la salud pública. Como consecuencia inmediata, la Contraloría instruyó a la DGAC a reforzar sus facultades de fiscalización y a implementar medidas preventivas y sancionatorias. La institución deberá iniciar un sumario administrativo para determinar las responsabilidades internas por las falencias detectadas. La DGAC tiene un plazo de 15 días hábiles para informar a la Contraloría sobre las acciones correctivas adoptadas.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en el rol fiscalizador de la Contraloría como garante de la probidad y la seguridad pública frente a la gestión de organismos técnicos del Estado. Al exponer fallas en la DGAC, el ente contralor ejerce presión sobre la administración pública para corregir debilidades institucionales que podrían ser explotadas para actividades ilícitas, elevando el estándar de exigencia sobre la supervisión estatal. En este evento, la DGAC pierde credibilidad institucional al quedar expuesta su incapacidad para controlar un sector sensible, mientras que la Contraloría refuerza su narrativa de control preventivo. La construcción de la noticia por parte de los actores enfatiza el riesgo de irregularidades, lo que obliga al gobierno a tomar medidas correctivas inmediatas para evitar que la percepción de descontrol se traslade a otras áreas de la gestión pública.