Contraloría detecta 315 funcionarios públicos con condenas vigentes en el EstadoActualizado · hoy
Resumen
La Contraloría General de la República identificó a 315 funcionarios públicos que mantienen condenas vigentes por crímenes o simples delitos, contraviniendo la Ley N°18.575 que prohíbe el ejercicio de cargos estatales bajo esta condición. El hallazgo se produjo tras un cruce de datos entre el Registro Civil, el Servicio Electoral y el sistema SIAPER, revelando 317 registros delictuales en total. De los involucrados, 166 pertenecen al gobierno central y 149 a gobiernos locales, destacando una alta presencia en instituciones uniformadas y diversas municipalidades del país.
El organismo fiscalizador ordenó a las entidades afectadas iniciar investigaciones administrativas para determinar responsabilidades por la posible omisión de informar estas condenas a las jefaturas. Las instituciones deberán aclarar si estos antecedentes fueron considerados en las calificaciones de probidad y comportamiento social de los trabajadores. Asimismo, se instruyó aplicar la inhabilidad sobreviniente para remover a quienes mantienen prohibición legal para ejercer funciones públicas.
Carabineros de Chile, que figuraba inicialmente con 84 casos en el informe, cuestionó la cifra y precisó que solo 74 registros corresponderían a su institución, asegurando que dichas personas ya no forman parte de sus filas debido a procesos de desvinculación iniciados desde 2019. Por su parte, parlamentarios de diversas bancadas calificaron la situación como inaceptable y exigieron fortalecer los mecanismos de control y las atribuciones de la Contraloría para evitar que personas condenadas permanezcan en la administración pública.
Análisis Político
La estrategia política observada se centra en la fiscalización preventiva y el control de probidad como herramientas para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. La Contraloría utiliza la transparencia de datos como un mecanismo de presión política, obligando a las entidades a autogestionar sus irregularidades mediante sumarios internos, lo que desplaza la responsabilidad de la depuración hacia los jefes de servicio.
En este escenario, el gran perdedor es la imagen de las instituciones uniformadas y municipales, que ven cuestionada su capacidad de gestión interna y cumplimiento normativo. Por otro lado, la narrativa se construye bajo una tensión entre el ente fiscalizador, que busca imponer estándares de legalidad estrictos, y las instituciones afectadas, que intentan matizar las cifras para proteger su reputación institucional, argumentando procesos de desvinculación previos o errores en la actualización de los registros.
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