Ley Papito Corazón alcanza 3,8 billones de pesos en pagos ordenados tras cuatro años
Resumen
El Poder Judicial informó que, a cuatro años de la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, se han ordenado pagos por un total de 3,88 billones de pesos. Esta cifra, que equivale al 1,98% del PIB nacional, se ha logrado mediante procedimientos especiales de retención bancaria y procedimientos extraordinarios sobre fondos de capitalización individual en las AFP. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, destacó que estos mecanismos han permitido gestionar el cumplimiento de obligaciones en beneficio de niños, niñas y adolescentes.
Las estadísticas consolidadas indican que los 141 tribunales con competencia en materia de Familia han realizado 728.700 inscripciones en el Registro Nacional de Deudores desde noviembre de 2022. De este total, 376.644 inscripciones se mantienen vigentes, mientras que 352.056 han sido canceladas tras el pago de las deudas. Actualmente, el sistema administrado por el Registro Civil mantiene una deuda pendiente de 54.833 millones de pesos en causas activas.
La autoridad judicial enfatizó que, si bien la normativa avanza en la dirección correcta, los resultados han implicado un alto costo humano para los funcionarios de los tribunales. Chevesich denunció la falta de recursos adicionales para enfrentar la carga de trabajo que imponen estas nuevas leyes. La gestión ha sido calificada como un esfuerzo extraordinario del personal judicial para garantizar los derechos fundamentales de los menores de edad.
Análisis Político
La estrategia política observada se centra en la judicialización de la responsabilidad parental como mecanismo de protección social, trasladando la carga de la cobranza desde las familias hacia el Estado y las instituciones financieras. Este enfoque permite al Poder Judicial posicionarse como un actor clave en la resolución de conflictos sociales, utilizando la eficiencia técnica y las cifras macroeconómicas para validar la efectividad de la ley ante la opinión pública.
En este escenario, los principales ganadores son los niños, niñas y adolescentes, quienes ven materializado el pago de sus pensiones, mientras que los funcionarios judiciales aparecen como los grandes sacrificados al asumir la carga operativa sin el presupuesto necesario. La narrativa oficial del Poder Judicial construye un relato de éxito en la gestión, pero matizado por una crítica institucional hacia el poder político por la falta de recursos, lo que genera una tensión sobre quién debe financiar la implementación de las políticas públicas de bienestar.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
Sesgo mediático
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