Contraloría detecta irregularidades y retrasos en la construcción del Puente Chacao
Resumen
La Contraloría General de la República reveló diversas deficiencias en la gestión de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas respecto al proyecto del Puente Chacao. El informe detalla la omisión de retenciones por más de 5 mil millones de pesos, pagos en exceso al contratista por 84 millones y la falta de aplicación de multas ante incumplimientos técnicos. Estas irregularidades fueron detectadas tras una auditoría que examinó el periodo comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2025.
El documento también expone problemas en la fabricación de componentes estructurales en Corea del Sur, donde se identificaron 67 observaciones, de las cuales 26 permanecían pendientes a mediados de 2026. Asimismo, se constató un retraso en el avance físico de la obra, alcanzando un 64,68% frente al 68,94% programado. Esta diferencia de 4,26 puntos porcentuales se atribuye principalmente a demoras en la producción del tablero de acero y del cable principal del viaducto.
La relevancia de este evento radica en que el Puente Chacao es una de las inversiones en infraestructura más costosas del país, superando los 450 mil millones de pesos. Ante los hallazgos, el organismo fiscalizador anunció la ejecución de reparos para recuperar los fondos públicos pagados indebidamente. Por su parte, la Dirección de Vialidad ha debido enfrentar las observaciones, manteniendo el compromiso de finalizar la obra en octubre de 2028.
Análisis Político
La estrategia política observada se centra en el control preventivo y correctivo de los recursos públicos en proyectos de infraestructura de gran escala, donde la Contraloría actúa como un actor clave para fiscalizar la gestión del Ministerio de Obras Públicas. El gobierno, a través de la Dirección de Vialidad, intenta mantener la viabilidad del proyecto mediante convenios y ajustes técnicos, mientras que la oposición y la opinión pública utilizan estos informes para cuestionar la eficiencia administrativa y la capacidad de supervisión estatal sobre consorcios internacionales.
En este escenario, el Estado pierde credibilidad en su rol de fiscalizador al permitir pagos en exceso y omitir retenciones, mientras que el consorcio constructor se beneficia de la flexibilidad en los plazos y la falta de sanciones efectivas. La narrativa del gobierno se enfoca en la complejidad técnica y la necesidad de completar la obra, mientras que la narrativa de la Contraloría se construye sobre la rigurosidad técnica y la protección del patrimonio fiscal, evidenciando una tensión constante entre la urgencia de la infraestructura y el cumplimiento normativo.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
Sesgo mediático
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