Gobierno concreta decimotercer vuelo de expulsión y busca ampliar plazos de retención
Resumen
El Gobierno de Chile concretó el decimotercer vuelo de expulsión de extranjeros durante la actual administración, trasladando a 55 personas de nacionalidad colombiana, boliviana y ecuatoriana. Con este operativo, la cifra total de expulsados desde el 11 de marzo asciende a 1.972, lo que representa un incremento del 55,7% respecto a todo el año 2025. Las autoridades destacaron que el 76,7% de los expulsados ingresó por pasos no habilitados, mientras que el resto mantenía condenas por delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación y delitos sexuales.
El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, informaron además que se han registrado 12.488 salidas voluntarias en lo que va del año, mayoritariamente de ciudadanos venezolanos. Las autoridades advirtieron sobre un desplazamiento progresivo de la población migrante irregular desde la zona norte hacia la Región Metropolitana y sus comunas periféricas. Para enfrentar este escenario, el Ejecutivo intensificó las fiscalizaciones, logrando un aumento del 52% en los controles realizados durante los primeros diez meses de 2026.
La administración de José Antonio Kast anunció su intención de reactivar una reforma constitucional para ampliar el plazo de retención de extranjeros con órdenes de expulsión. El Ejecutivo sostiene que los cinco días actuales son insuficientes para materializar los procedimientos de manera efectiva. Tras no alcanzar el quórum necesario en la Cámara de Diputados, el Gobierno insistirá en el Senado una vez finalizada la discusión presupuestaria para destrabar la iniciativa legislativa.
Análisis Político
La estrategia del Ejecutivo se centra en la exhibición de resultados cuantitativos para validar su gestión en materia de seguridad y control migratorio, utilizando el contraste estadístico con la administración anterior como herramienta de legitimación. Al vincular las expulsiones con delitos graves y el ingreso irregular, el Gobierno busca consolidar una narrativa de orden público que resuene en su base electoral, mientras presiona al Congreso para obtener herramientas legales que faciliten la ejecución de sus políticas.
El Gobierno gana terreno al posicionar el tema migratorio como una prioridad operativa, mientras que la oposición en el Congreso se enfrenta al costo político de bloquear medidas que el Ejecutivo presenta como necesarias para la seguridad nacional. La construcción de la narrativa oficial enfatiza la eficiencia administrativa y el control territorial, desplazando el foco hacia la necesidad de reformas constitucionales para superar las limitaciones legales actuales, lo que obliga a los actores legislativos a definirse frente a una demanda ciudadana de mayor control fronterizo.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
Sesgo mediático
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