La plataforma de criptomonedas Orionx anunció su cierre definitivo tras una auditoría forense que reveló la salida no autorizada de más de siete millones de dólares hacia billeteras externas. La empresa presentó una querella criminal por administración desleal contra sus exejecutivos y cofundadores, Joaquín Díaz y Roberto Zibert. Como medida inmediata, la compañía suspendió los retiros de fondos de sus usuarios, admitiendo que no puede garantizar la restitución total de los activos. Los exejecutivos señalados rechazaron categóricamente las acusaciones a través de un comunicado enviado a los clientes. Díaz y Zibert sostuvieron que no existe claridad sobre el origen del descuadre contable y afirmaron haber colaborado para esclarecer las inconsistencias detectadas. Ambos expresaron su disposición a que una investigación independiente determine la verdad de los hechos ocurridos en la plataforma. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) intervino para aclarar que Orionx no se encuentra bajo su fiscalización. El regulador informó que en junio de 2026 rechazó la solicitud de la empresa para ingresar al Registro de Prestadores de Servicios Financieros, por lo que no supervisa el actual proceso de cierre. Esta desvinculación estatal deja a los usuarios sin el respaldo de la entidad ante la incertidumbre sobre la recuperación de sus inversiones.

Análisis político

El evento evidencia la tensión entre la expansión de la industria de activos digitales y la capacidad de fiscalización del Estado chileno bajo la Ley Fintech. La estrategia de la CMF se centra en deslindar responsabilidades institucionales mediante la comunicación pública de sus rechazos administrativos previos, protegiendo la integridad del marco regulatorio frente a entidades no autorizadas. Por su parte, la empresa utiliza la vía judicial como mecanismo de defensa reputacional, intentando trasladar la responsabilidad del colapso hacia individuos específicos. En este escenario, los clientes resultan los principales perjudicados al quedar en un vacío de protección legal, mientras que la CMF gana legitimidad al reafirmar su rol como ente supervisor estricto que no avala plataformas sin los permisos correspondientes. La narrativa de la empresa busca presentarse como una víctima de una administración desleal interna, mientras que los exejecutivos construyen una contra-narrativa de incertidumbre técnica para cuestionar la validez de la auditoría forense presentada en su contra.