El directorio de Codelco desvinculó a ocho ejecutivos y profesionales de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz. La medida se fundamenta en los hallazgos de auditorías internas y externas realizadas por KPMG y EY, las cuales detectaron irregularidades en el registro y reporte de producción durante los años 2024 y 2025. Entre los afectados se encuentran gerentes generales, gerentes de área y jefes de control metalúrgico. La estatal justificó la decisión como parte de un proceso para corregir deficiencias operativas, reforzar los mecanismos de control y garantizar la integridad de la información corporativa. La empresa no descartó emprender acciones legales adicionales para proteger sus intereses, manteniendo la colaboración con los organismos competentes que investigan el caso. En paralelo, se anunció el nombramiento de Felipe Lagno Sánchez como nuevo gerente general de la División Salvador en reemplazo de Patricio Viveros. Este evento es relevante debido a que las irregularidades habrían permitido inflar artificialmente las cifras de cumplimiento, lo que derivó en el pago indebido de bonos por más de 14 millones de dólares. La administración reafirmó su compromiso con la probidad y la transparencia, asegurando que las investigaciones continuarán para deslindar responsabilidades. La compañía busca así mitigar el impacto reputacional y financiero derivado de la manipulación de datos en sus procesos productivos.

Análisis político

La estrategia de Codelco se centra en una política de control de daños mediante la remoción inmediata de los responsables directos, buscando desmarcar a la administración central de las irregularidades operativas. Al externalizar las auditorías con firmas internacionales, la estatal intenta blindar su credibilidad ante el mercado y la opinión pública, proyectando una imagen de rigurosidad y probidad frente a un escándalo que involucra el uso indebido de recursos públicos para el pago de bonos. En este escenario, el directorio y la alta administración ganan legitimidad al mostrar una postura proactiva, mientras que los ejecutivos desvinculados pierden su posición y enfrentan posibles consecuencias judiciales. La narrativa se construye bajo una dicotomía entre la integridad de la mayoría de los trabajadores y la conducta desviada de una cúpula técnica, permitiendo a la empresa aislar el conflicto y evitar que la crisis de gestión se transforme en una crisis de gobernanza mayor para la estatal.