Un estudio de Clapes UC reveló que el costo económico de la delincuencia en Chile llegó a los 10.540 millones de dólares en 2025, equivalente al 3,03% del PIB. El informe destaca que el gasto privado en medidas de anticipación, como guardias y sistemas de seguridad, se ha cuadruplicado desde 2013, mientras que el gasto público se ha mantenido estable en torno al 0,74% del PIB. Esta tendencia refleja una creciente privatización de la seguridad ante la percepción de inseguridad ciudadana. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció durante la presentación del informe que el Estado ha descuidado su rol primario como proveedor de seguridad, transfiriendo responsabilidades al sector privado y a los municipios. El secretario de Estado defendió el actual aumento presupuestario del 9,5% para las policías y Gendarmería como un cambio radical necesario para revertir esta tendencia. Arrau enfatizó que la distribución de la carga de seguridad debe ser más justa para no perjudicar a las personas de menores recursos. La exministra del Interior, Carolina Tohá, instó a evaluar los resultados de las medidas implementadas, señalando que el esfuerzo conjunto público-privado ha logrado frenar algunas tendencias delictivas críticas registradas en 2022. Expertos de la Fundación Paz Ciudadana advirtieron que, más allá de las cifras económicas, el impacto del temor en la vida cotidiana y la pérdida de libertad en espacios públicos representan un daño social profundo. El debate se centra ahora en la capacidad del Estado para retomar el control y reducir la dependencia de la seguridad privada.

Análisis político

La estrategia política observada busca capitalizar el descontento ciudadano por la inseguridad, utilizando datos técnicos para validar un cambio en la gestión estatal. El gobierno actual intenta desmarcarse de la administración anterior al señalar que el Estado se había quedado atrás, posicionando el aumento presupuestario como una rectificación necesaria. Por su parte, la oposición y otros actores políticos apelan a la evaluación de resultados y a la experiencia internacional para matizar el discurso oficial, evitando que el Ejecutivo se atribuya el éxito exclusivo de las políticas de seguridad. En este escenario, el gobierno gana legitimidad al reconocer una falla estructural en la provisión de seguridad, pero se arriesga si los resultados no se traducen en una baja tangible de la victimización. El sector privado pierde recursos económicos al asumir una carga que, por definición, corresponde al Estado, mientras que la ciudadanía pierde bienestar al ver restringida su libertad por el temor. La narrativa gubernamental se construye sobre la idea de un Estado que retoma su rol, mientras que la narrativa de los expertos y la oposición pone el foco en la complejidad del fenómeno y la necesidad de políticas de largo plazo más allá de la inversión inmediata.