La Cámara de Representantes archivó definitivamente el proyecto de ley que buscaba implementar un sistema de licencia de conducción por puntos en Colombia. La iniciativa, que ya había superado todos sus debates reglamentarios en el Congreso, se hundió en su etapa final al rechazar la plenaria el informe de conciliación con el Senado. Este sistema pretendía asignar un puntaje inicial a los conductores, el cual disminuiría con cada infracción de tránsito, buscando controlar la reincidencia y mejorar la seguridad vial. El proyecto contemplaba que los conductores particulares iniciaran con 26 puntos y los de servicio público con 36, perdiendo entre cuatro y diez puntos por cada infracción según su gravedad. Agotar el puntaje resultaría en la suspensión temporal de la licencia, con sanciones progresivas que podrían llegar a la cancelación definitiva en caso de reincidencia. También se incluían disposiciones para conductores novatos, con un periodo de prueba y restricciones específicas. La decisión de la Cámara sorprendió, dado que el proyecto estaba a un paso de convertirse en ley. Se especula que la resistencia al cambio o posibles intereses económicos afectados pudieron influir en el voto negativo. La senadora Angélica Lozano lamentó el hundimiento, señalando la pérdida de una oportunidad para mejorar la seguridad vial. La propuesta deberá reiniciarse desde cero en una próxima legislatura si sus promotores desean insistir en ella.

Análisis político

La estrategia política observada giró en torno a la conciliación del proyecto de ley, un paso que usualmente es un trámite, pero que en este caso se convirtió en el punto de quiebre. La Cámara de Representantes, al no aprobar el informe de conciliación, demostró una resistencia que no se alineó con la aprobación previa del Senado. Esto sugiere una posible divergencia de intereses o prioridades entre las cámaras, o incluso dentro de la misma Cámara, donde se argumentó la imposición de "muchas restricciones a las empresas de transporte". El principal perdedor con este evento es la iniciativa legislativa y quienes la apoyaban, como la senadora Angélica Lozano, que buscaban fortalecer la seguridad vial. El ganador, en cierto sentido, es el statu quo y aquellos sectores que se oponían a las nuevas regulaciones, ya sean por intereses económicos o por resistencia al cambio. Las narrativas se dividen entre quienes ven el hundimiento como un obstáculo para la seguridad vial y quienes podrían interpretarlo como una protección a ciertos sectores o una señal de desacuerdo con la forma en que se estructuró la ley, especialmente tras la eliminación de un artículo polémico sobre un seguro adicional.