El proyecto de ley de 'borrón y cuenta nueva' se hundió en el Congreso de la República al no ser agendado por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para su discusión final. Esta iniciativa buscaba ofrecer un alivio a más de siete millones de colombianos con reportes negativos en centrales de riesgo, permitiéndoles limpiar su historial crediticio tras ponerse al día con sus obligaciones financieras. El representante Alejandro Ocampo criticó fuertemente la decisión, señalando que se priorizaron los intereses del sector bancario sobre las necesidades ciudadanas. La propuesta legislativa pretendía reducir significativamente el tiempo de permanencia de los reportes negativos en bases de datos, pasando de hasta cuatro años a solo seis meses después de saldar la deuda. También buscaba beneficiar a personas con deudas de bajo valor, que a menudo enfrentan barreras desproporcionadas para acceder a créditos, vivienda o empleo. El hundimiento de la ley perpetúa la exclusión financiera de amplios sectores de la población y genera frustración social. Las críticas apuntan a una supuesta influencia de gremios financieros, como Asobancaria, en la decisión de no agendar el proyecto, a pesar de haber superado debates previos. El representante Ocampo afirmó que la Mesa Directiva "le jugó a la banca en Colombia", dejando sin efecto la posibilidad de una segunda oportunidad financiera para millones de ciudadanos. Este hecho reaviva el debate sobre el manejo de los reportes crediticios y la reintegración financiera en el país.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la denuncia y la movilización de la opinión pública por parte de un sector del Congreso, representado por el congresista Alejandro Ocampo. Este actor busca construir una narrativa de "ciudadanía vs. banca" o "necesidad del pueblo vs. intereses financieros", acusando a la Mesa Directiva de la Cámara de favorecer a los bancos. La estrategia consiste en señalar la falta de voluntad política para agendar el proyecto, atribuyéndola a presiones de lobbies, y visibilizar el impacto negativo en millones de ciudadanos reportados por deudas mínimas. Con este evento, el representante Ocampo y quienes apoyan la iniciativa pierden una oportunidad legislativa inmediata para beneficiar a los ciudadanos afectados, pero ganan capital político al posicionarse como defensores de los sectores vulnerables frente a un sistema financiero percibido como opresor. Por otro lado, la Mesa Directiva y el sector bancario, si bien evitan una regulación que podría afectar sus operaciones, enfrentan críticas y una narrativa negativa que los presenta como obstáculos al bienestar ciudadano. La narrativa construida por Ocampo es la de una "traición" a las necesidades del pueblo por parte de las élites y la banca, mientras que la postura implícita de quienes no agendaron el proyecto es la de mantener el statu quo o priorizar otros debates.