Un proyecto de ley crucial para prevenir y erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia se encuentra en peligro de hundirse en el Senado. La iniciativa, que ya ha superado tres debates, requiere una aprobación final antes del 20 de junio, fecha límite para el cierre de la legislatura actual. Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han expresado su alarma ante la falta de priorización del proyecto en el orden del día, lo que podría obligar a iniciar todo el trámite legislativo desde cero en el próximo Congreso. La urgencia de la aprobación se fundamenta en las cifras de violencia de género registradas; entre enero de 2024 y marzo de 2026 se documentaron 98 casos de niñas víctimas de MGF, con un 56% de ellas menores de cinco años. La mayoría de estos casos ocurren en el hogar, y Risaralda es el departamento con mayor incidencia. A pesar del reconocimiento de la MGF como un problema hace casi dos décadas, las organizaciones señalan que Colombia aún carece de medidas estatales contundentes para su prevención y erradicación. El proyecto de ley, conocido como 'Niñas sin Ablación', no busca crear nuevos delitos ni endurecer penas, sino fortalecer la prevención a través de estrategias educativas, campañas de sensibilización y trabajo conjunto con comunidades. La posibilidad de que la iniciativa se archive envía un mensaje preocupante a las lideresas indígenas y comunidades que han impulsado acciones contra esta práctica, y representa una oportunidad perdida para proteger la vida, dignidad e integridad de niñas y adolescentes.

Análisis político

La situación del proyecto de ley contra la mutilación genital femenina evidencia una estrategia de dilación legislativa por parte de algunos sectores del Congreso, quienes, al no priorizar su debate, buscan su archivo por vencimiento de términos. Las organizaciones sociales y las congresistas impulsoras de la iniciativa buscan generar presión pública y mediática para forzar su inclusión en el orden del día, apelando a la urgencia humanitaria y a la responsabilidad estatal. Quienes se oponen implícitamente a la ley, o quienes la postergan por otras prioridades legislativas, ganan tiempo y evitan un debate que podría generar consensos o disensos sobre la intervención estatal en prácticas culturales o ancestrales. Las narrativas construidas son claras: por un lado, la de los defensores de derechos humanos y las congresistas, quienes presentan la ley como un avance indispensable para la protección de la infancia y la erradicación de una práctica violatoria de derechos humanos, alertando sobre el fracaso del Estado si no se aprueba. Por otro lado, se vislumbra una narrativa implícita de quienes argumentan la complejidad del orden del día o la necesidad de debatir otros proyectos, lo que puede interpretarse como una forma de minimizar la urgencia del tema o de priorizar otras agendas políticas. El riesgo de hundimiento de la ley representa una derrota para las organizaciones que la impulsan y un revés en la lucha contra la violencia de género, mientras que quienes logran posponerla o archivarla, evitan un debate potencialmente incómodo.