UDI reingresará proyecto para condicionar dieta de expresidentes a la edad de jubilación
Resumen
La bancada de diputados de la UDI anunció que en septiembre volverá a presentar una reforma constitucional para modificar el sistema de pago de la dieta vitalicia de los expresidentes. La iniciativa propone que el beneficio comience a entregarse solo cuando los exmandatarios alcancen la edad legal de jubilación, fijada en 65 años para hombres y 60 para mujeres. Este proyecto ya había sido rechazado en el Congreso durante septiembre de 2025 por falta de quórum.
El anuncio fue motivado por una reciente publicación en redes sociales del expresidente Gabriel Boric, quien compartió un video donde se calificaba de "imbéciles" a integrantes del actual Gobierno. Los diputados Sergio Bobadilla y Eduardo Cretton argumentaron que el comportamiento del exmandatario contraviene el estándar republicano esperado de quien recibe recursos públicos. La medida busca, según los parlamentarios, establecer un criterio de sentido común ante la actual estrechez fiscal y la emergencia laboral que enfrenta el país.
La propuesta no elimina la dignidad oficial ni las prerrogativas no económicas asociadas al cargo de expresidente, permitiendo que estos puedan desarrollar actividades remuneradas antes de cumplir la edad requerida. Los impulsores de la reforma sostienen que el beneficio fiscal debe ajustarse a los estándares que rigen para el resto de la población chilena. La iniciativa deberá iniciar nuevamente su tramitación legislativa en el Congreso durante el próximo mes.
Análisis Político
La estrategia de la UDI utiliza un hecho coyuntural, la conducta digital del expresidente Boric, para reactivar una agenda legislativa de corte fiscalista y moralizante. Al vincular la dieta vitalicia con el comportamiento público del exmandatario, el gremialismo busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la clase política, posicionando el proyecto como una medida de austeridad y responsabilidad institucional. Esta táctica permite a la oposición presionar al oficialismo y a figuras de la administración anterior bajo el argumento de la reciprocidad en el respeto a las instituciones.
En este escenario, la UDI gana terreno al instalar un debate que combina la fiscalización del gasto público con la crítica política directa, obligando a sus adversarios a defender un beneficio que es percibido como un privilegio. Por su parte, el expresidente Boric pierde capital político al ser blanco de una ofensiva que cuestiona su estándar republicano, mientras que la narrativa de la derecha se construye sobre la dicotomía entre la "responsabilidad institucional" y la "lógica de la descalificación". La construcción de esta narrativa busca desgastar la figura del exmandatario, presentándolo como un actor que no se ajusta a las normas de prudencia exigidas por el cargo que ocupó.
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