El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, otorgó un plazo de 24 horas para el desalojo de la sede de la Federación de Tenis de Chile en Cerro Colorado, Las Condes. La autoridad advirtió que, de no cumplirse la orden, se interpondrá una querella por usurpación y se procederá al desalojo mediante el uso de fuerza pública. El terreno es propiedad del Serviu y el Ejecutivo busca recuperar el espacio para destinarlo a proyectos de viviendas sociales.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en la recuperación de activos estatales bajo la narrativa de orden y eficiencia, utilizando la presión mediática y administrativa para resolver conflictos de larga data. Al posicionar el desalojo como una medida contra un 'negocio ilegal', el Gobierno busca capitalizar el apoyo público frente a la ocupación de terrenos fiscales, mientras que el actor afectado intenta trasladar la disputa al ámbito judicial para dilatar la ejecución de la medida. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al mostrarse resolutivo ante una ocupación irregular, mientras que el exdirigente pierde terreno político al quedar aislado institucionalmente y bajo investigación judicial. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ministerio enfatiza la recuperación de suelo para fines sociales, la defensa de Kegevic apela a la autonomía de los tribunales para cuestionar la legalidad de la intervención ministerial, calificándola de autotutela.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, otorgó un plazo perentorio de 24 horas a Milovan Kegevic para desocupar las instalaciones de la Federación de Tenis de Chile, ubicadas en la comuna de Las Condes. El secretario de Estado advirtió que, de no cumplirse la orden, el Ministerio presentará una querella por usurpación y procederá al desalojo mediante el uso de Carabineros. La intervención ministerial responde a la confirmación de que el terreno es propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Análisis político

La estrategia del Ministerio de Vivienda se centra en la recuperación de activos estatales bajo el lema de que 'nadie se salta la fila', buscando proyectar una imagen de autoridad frente a ocupaciones irregulares de terrenos públicos. Esta acción capitaliza el descontento institucional de la Federación de Tenis, que ha visto su gobernanza paralizada por un exdirigente inhabilitado, permitiendo al Gobierno posicionarse como un actor que destraba conflictos administrativos y sociales en beneficio de proyectos habitacionales. El principal perdedor es Milovan Kegevic, quien pierde su capacidad de control sobre el recinto y enfrenta una creciente presión judicial por presuntas falsificaciones de antecedentes. La narrativa del Gobierno se construye sobre la legalidad y el orden público, contrastando con la postura de Kegevic, quien intentó validar su permanencia mediante recursos legales que han sido declarados inadmisibles, dejando su posición sin sustento institucional ni jurídico.