El Gobierno ingresó nuevas indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal con el objetivo de destrabar su tramitación legislativa antes de febrero de 2027. La propuesta reduce la cotización total para el beneficio de 0,35% a 0,3% y ajusta la gradualidad, incluyendo un adelanto en la cobertura para trabajadoras de casa particular. El Ejecutivo sostiene que esta fórmula minimiza el impacto en las cuentas individuales de los trabajadores y mantiene el aporte patronal al Fondo de Cesantía Solidario en un 0,15%. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó tajantemente estas modificaciones, argumentando que el Ejecutivo solo realizó ajustes superficiales sin resolver el problema de fondo. La dirigenta Karen Palma enfatizó que el financiamiento no debe provenir de los ahorros destinados a proteger a los trabajadores ante el desempleo. La organización sindical calificó como una irresponsabilidad debilitar esta red de protección en un contexto de alta incertidumbre laboral y desempleo persistente. Como alternativa, la multisindical reiteró su propuesta de crear un Fondo Nacional de Cuidados Integrales que cuente con mayor responsabilidad estatal. Mientras tanto, desde ComunidadMujer se reconoció que, aunque el uso del Seguro de Cesantía conlleva riesgos, es posible implementar resguardos técnicos para viabilizar el derecho. La discusión se mantiene tensa, con la CUT buscando coordinar apoyos parlamentarios para modificar el diseño del financiamiento antes de la fecha límite establecida por el Gobierno.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la búsqueda de un consenso técnico-político que permita aprobar una reforma emblemática antes del receso legislativo, utilizando ajustes marginales en las tasas de cotización para apaciguar las críticas opositoras. Por su parte, la CUT emplea una estrategia de presión externa y movilización de opinión pública, posicionándose como la defensora de la seguridad social frente a lo que denominan un 'impuesto encubierto' a los trabajadores. Esta dinámica refleja una tensión clásica en la política chilena: la urgencia del Ejecutivo por cumplir metas legislativas frente a la resistencia de los actores sociales que priorizan la integridad de los fondos de protección laboral. En este escenario, el Gobierno arriesga un desgaste político si insiste en una fórmula que es rechazada por la principal central sindical del país, lo que podría dificultar la legitimidad de la implementación de la ley. La CUT, al proponer un Fondo Nacional de Cuidados, intenta desplazar el eje de la discusión desde la reasignación de fondos existentes hacia una mayor participación fiscal, construyendo una narrativa de 'derechos sin precarización'. Quien pierde en este evento es la fluidez del proceso legislativo, ya que la falta de acuerdo con los trabajadores complica la viabilidad de una reforma que busca resolver una demanda social histórica.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó su rechazo a las recientes indicaciones presentadas por el Ejecutivo para financiar la Sala Cuna Universal. La propuesta gubernamental reduce la cotización total de 0,35% a 0,3%, pero mantiene la reasignación de recursos provenientes del Seguro de Cesantía y del Fondo de Cesantía Solidario. La dirigenta Karen Palma calificó la medida como insuficiente, argumentando que el Gobierno solo realizó ajustes menores sin modificar el problema de fondo sobre el uso de ahorros destinados a la protección ante el desempleo. El Ejecutivo busca agilizar la tramitación legislativa para lograr la aprobación de la ley antes de febrero de 2027, mediante reuniones con parlamentarios de oficialismo y oposición. La nueva propuesta incluye cambios en la gradualidad del beneficio, adelantando la cobertura para hijos de trabajadoras de casa particular y manteniendo el financiamiento directo por parte de grandes empresas durante la transición. El Gobierno sostiene que este modelo es el óptimo para evitar incrementos en los costos laborales y minimizar el impacto en las cuentas individuales de los trabajadores. La multisindical insiste en que el Seguro de Cesantía no debe ser utilizado para financiar este derecho, calificando la estrategia como una irresponsabilidad en un contexto de incertidumbre laboral. En su lugar, la CUT propone la creación de un Fondo Nacional de Cuidados Integrales con mayor responsabilidad estatal. La organización anunció que mantendrá coordinaciones con diversos sectores políticos y sociales para presionar por cambios sustanciales en el diseño del proyecto antes de su votación.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la búsqueda de viabilidad legislativa mediante ajustes técnicos que intentan equilibrar las demandas de la oposición con la sostenibilidad financiera del proyecto, evitando un alza en los costos laborales. Por su parte, la CUT utiliza una táctica de presión externa y movilización de bancadas para deslegitimar el uso de fondos de seguridad social, posicionándose como el actor que defiende la integridad de la protección laboral frente a la urgencia política del Ejecutivo. En este escenario, el Gobierno arriesga un desgaste político si no logra conciliar su propuesta con las organizaciones sindicales, mientras que la CUT busca capitalizar el descontento social para forzar un cambio en el modelo de financiamiento. La narrativa del Ejecutivo se construye sobre la eficiencia y la gradualidad, mientras que la CUT construye una narrativa de derechos sociales, donde el financiamiento de la sala cuna no debe ser a costa de la protección ante el desempleo, lo que genera un conflicto de prioridades entre la política pública y la seguridad social.