Tesorería apelará fallo que declaró ilegal el cobro administrativo de deudas CAE
Resumen
La Corte de Apelaciones de La Serena acogió un recurso de protección que calificó como ilegal el cobro simultáneo de una deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) por vías civil y administrativa. La resolución, impulsada por la defensa de un deudor, ordenó a la Tesorería General de la República (TGR) detener el procedimiento al considerar que la duplicidad de acciones vulnera garantías constitucionales. Las abogadas patrocinantes destacaron que este fallo sienta un precedente relevante para otros afectados por el sistema de cobranza ejecutiva del organismo estatal.
La Tesorería General de la República anunció que apelará la sentencia ante la Corte Suprema para revertir la decisión judicial. El organismo argumentó que el procedimiento no constituye un doble cobro, sino una secuencia legal obligatoria para recuperar fondos públicos tras la activación de la garantía estatal. Según la TGR, el pago realizado por cualquiera de las dos vías extingue la obligación, descartando la posibilidad de un doble pago por parte del deudor.
El conflicto jurídico se centra en la naturaleza de los mecanismos de recuperación de deuda implementados desde abril. Mientras la defensa de los deudores sostiene que el cobro administrativo es una vía expedita y abusiva que carece de las garantías de un juicio civil, la TGR defiende la legalidad de su actuar basándose en la jurisprudencia mayoritaria. A nivel nacional, el organismo reporta más de mil fallos favorables de un total de 2.904 recursos de protección interpuestos hasta la fecha.
Análisis Político
La estrategia política de la Tesorería se basa en la defensa de la recaudación fiscal y la legitimidad de los procedimientos administrativos como herramientas de recuperación de fondos públicos. Al apelar ante la Corte Suprema, el Estado busca consolidar una jurisprudencia uniforme que evite la fragmentación de criterios en los tribunales regionales, protegiendo así la eficacia del sistema de cobranza del CAE frente a la creciente judicialización de los deudores.
En este escenario, los deudores y sus representantes legales ganan un espacio de visibilidad y un precedente judicial que desafía la severidad de los mecanismos administrativos. Por su parte, la TGR pierde terreno en la percepción pública al ser cuestionada por la supuesta arbitrariedad de sus métodos. La narrativa se construye bajo una tensión entre la necesidad estatal de recuperar recursos y la protección de las garantías procesales de los ciudadanos, donde cada parte intenta definir la legalidad del proceso según su propia interpretación de la normativa vigente.
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