Tesorería demanda a empresa de jefe del Segundo Piso por deuda de derechos hídricosActualizado · hoy
Resumen
La Tesorería General de la República presentó una demanda contra Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., empresa vinculada al jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, por el no pago de patentes de derechos de agua. La deuda acumulada asciende a 149 millones de pesos, abarcando obligaciones desde 2015 hasta 2026, con excepción de los años 2016 y 2018. La acción judicial fue ingresada en mayo de 2026 ante el 24º Juzgado Civil de Santiago, en el marco de un procedimiento que afecta a 133 contribuyentes por el uso de recursos hídricos en terrenos arrendados al Ejército.
La oposición política ha cuestionado la permanencia de Irarrázaval en su cargo, argumentando que existe una disparidad en el cumplimiento de las obligaciones legales entre los ciudadanos y los funcionarios de Gobierno. Diputados de diversas bancadas han solicitado su renuncia inmediata, calificando la situación como un abuso y una falta de probidad. Las críticas se centran en el hecho de que la demanda fue interpuesta cuando el asesor ya ejercía sus funciones en La Moneda, lo que ha generado un intenso debate sobre la ética pública.
Desde el oficialismo y el entorno del asesor, se ha defendido que Irarrázaval no posee incompatibilidades para ejercer su cargo, argumentando que se desligó de la administración de la empresa en agosto de 2025. Voceros del Gobierno señalaron que la disputa sobre la propiedad y los cobros se encuentra en sede administrativa y judicial, desestimando la existencia de un conflicto de interés. La defensa sostiene que los hechos cuestionados son previos a su ingreso al Ejecutivo y que el asesor mantiene solo una participación societaria indirecta.
Análisis Político
La estrategia política del oficialismo se basa en la desvinculación administrativa del asesor respecto a la empresa, buscando aislar la figura del Presidente Kast de las controversias privadas de sus colaboradores. Por su parte, la oposición utiliza este evento para construir una narrativa de doble estándar, contrastando la exigencia de responsabilidad fiscal hacia la ciudadanía con la situación de un alto funcionario gubernamental, buscando desgastar la imagen de probidad del Ejecutivo.
En este escenario, el Gobierno pierde capital político al verse obligado a defender a un colaborador clave en medio de una crisis de percepción pública sobre el uso de recursos naturales. La oposición, aunque logra instalar un tema de agenda que cuestiona la ética del Segundo Piso, enfrenta la dificultad de que el oficialismo mantenga una postura de blindaje institucional, lo que limita el impacto inmediato de sus peticiones de renuncia.
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