La ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, enfrenta cuestionamientos tras revelarse que durante casi dos décadas delegó la redacción de sus sentencias a una abogada externa. La relación laboral, que se mantuvo bajo reserva, implicaba el pago de 300 mil pesos mensuales a la abogada Damaris Silva a cambio de elaborar proyectos de fallos y realizar gestiones personales. Los correos electrónicos expuestos en una demanda laboral demuestran que la magistrada instruía explícitamente el sentido de las resoluciones, ordenando rechazar o acoger causas específicas. El vínculo contractual finalizó en mayo de 2026, luego de que Silva solicitara un aumento salarial, lo que derivó en una demanda de tutela laboral. Ambas partes suscribieron un acuerdo extrajudicial por 17 millones de pesos que incluía una cláusula de confidencialidad, la cual fue vulnerada al trascender los antecedentes a la opinión pública. La revelación de estas comunicaciones ha generado un fuerte impacto en el Poder Judicial, al contravenir las normas éticas y jurisdiccionales que exigen que los jueces redacten sus propias sentencias. Ante la gravedad de los hechos, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, convocó a un pleno extraordinario para analizar la situación. El tribunal ha solicitado un informe a la ministra Aguirre para determinar si corresponde iniciar una investigación sumaria o archivar el caso. La magistrada ha sido excluida temporalmente de sus funciones habituales mientras el pleno evalúa los antecedentes expuestos en la demanda.

Análisis político

Este evento expone una crisis de probidad que afecta la legitimidad del Poder Judicial, utilizando una estrategia de control de daños mediante acuerdos privados que finalmente fracasaron al hacerse públicos. La narrativa construida por la magistrada buscaba mantener la confidencialidad para proteger su carrera, mientras que la abogada utilizó la vía judicial como mecanismo de presión ante la precariedad de su situación laboral. La exposición de los correos electrónicos actúa como una prueba irrefutable que desplaza la defensa de la jueza hacia un terreno técnico-administrativo. La gran perdedora es la ministra Aguirre, cuya trayectoria y credibilidad institucional se ven gravemente comprometidas, enfrentando incluso la posibilidad de un cuaderno de remoción por parte de la Corte Suprema. Por otro lado, la Corte de Apelaciones de Valparaíso intenta salvaguardar su imagen institucional mediante la apertura de un proceso de investigación, buscando desmarcarse de las acciones individuales de la magistrada. La construcción de la narrativa se divide entre la falta ética grave denunciada por el pleno y la pretensión de la jueza de resolver el conflicto como un asunto laboral privado.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso inició un proceso de revisión tras revelarse que la ministra Rosa Aguirre habría pagado durante 17 años a una abogada externa para redactar sus sentencias judiciales. La denunciante, Damaris Silva, sostuvo que realizaba labores de estudio de expedientes y elaboración de proyectos de fallo bajo instrucciones directas de la magistrada a cambio de un pago mensual de 300 mil pesos. El vínculo laboral, que se extendió desde 2009 hasta mayo de 2026, concluyó tras una demanda de tutela laboral que derivó en un acuerdo extrajudicial por 17 millones de pesos bajo cláusula de confidencialidad. La presidenta del tribunal de alzada, Silvana Donoso, convocó a un pleno extraordinario para analizar los antecedentes y solicitar un informe formal a la ministra Aguirre. La magistrada Donoso enfatizó que la redacción de las sentencias es una obligación indelegable de los jueces, aunque precisó que aún debe esclarecerse si la labor de la abogada consistía en redactar los fallos o únicamente en transcribirlos. La ministra Aguirre, quien se encuentra con licencia médica, deberá responder ante el pleno para determinar si corresponde abrir una investigación sumaria o archivar los antecedentes. La relevancia del caso radica en la posible vulneración de las funciones jurisdiccionales y la ética judicial, dado que la delegación de sentencias contraviene las responsabilidades directas de un magistrado. La Corte de Apelaciones aclaró que no posee facultades para remover a la ministra, pero podría solicitar a la Corte Suprema que inicie un cuaderno de remoción si se comprueba la gravedad de los hechos. Por el momento, la magistrada ha sido excluida de sus labores habituales mientras se desarrolla la etapa administrativa inicial.

Análisis político

El evento expone una estrategia de control institucional donde el pleno de la Corte de Apelaciones busca salvaguardar la legitimidad del Poder Judicial mediante una respuesta procedimental estricta. Al solicitar un informe y evitar diligencias investigativas directas, el tribunal intenta prevenir inhabilitaciones futuras de sus miembros, manteniendo una distancia técnica que permite procesar la crisis sin comprometer la imparcialidad del pleno. Esta maniobra busca contener el daño reputacional antes de que la Corte Suprema deba intervenir. En este escenario, la institución judicial es la principal perdedora al verse cuestionada la integridad de sus procesos de toma de decisiones, mientras que la ministra Aguirre enfrenta un riesgo inminente de remoción. La narrativa de la Corte se construye sobre la distinción técnica entre 'redactar' y 'transcribir', intentando acotar el alcance del escándalo, mientras que la narrativa de la denunciante subraya la precariedad laboral y la delegación sistemática de funciones públicas, exponiendo una estructura de poder informal que desafía la transparencia del sistema judicial chileno.