La Superintendencia de Pensiones inició un procedimiento sancionatorio contra las siete administradoras de fondos de pensiones del país tras registrarse una caída del 10,39% en el Fondo E durante los primeros nueve meses del año. El regulador busca determinar si las gestoras incumplieron sus deberes de lealtad y diligencia al invertir en derivados financieros vinculados a tasas de interés estadounidenses. Este desplome ha afectado significativamente a los afiliados próximos a jubilarse, quienes han comenzado a presentar recursos de protección y querellas por administración desleal ante los tribunales. El Congreso ha reaccionado de manera transversal, convocando a una sesión especial en el Senado para el 27 de octubre con el fin de exigir explicaciones a las autoridades económicas y a los representantes de la industria. Parlamentarios de diversas bancadas han cuestionado la gestión de riesgos de las AFP, señalando que las pérdidas no deben ser asumidas únicamente por los trabajadores. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, enfatizó la necesidad de esclarecer responsabilidades y aplicar sanciones si se comprueban infracciones legales. Desde el sector empresarial, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha llamado a evitar una mirada ideológica sobre el problema, abogando por un análisis técnico de largo plazo. Mientras tanto, la industria previsional defiende sus estrategias de inversión argumentando que se ajustan a la normativa vigente y que las fluctuaciones son parte de los riesgos de mercado. La incertidumbre persiste ante la proximidad de nuevos límites regulatorios a los derivados financieros que entrarán en vigor en noviembre.

Análisis político

La crisis del Fondo E ha activado una estrategia de control de daños tanto en el oficialismo como en la oposición, donde ambos sectores buscan capitalizar el descontento ciudadano para presionar por reformas estructurales. Se observa una narrativa de 'responsabilidad técnica' por parte de los gremios empresariales, que intentan blindar al sistema de pensiones frente a lo que denominan populismo, mientras que los parlamentarios construyen una narrativa de 'defensa del afiliado' para legitimar su rol fiscalizador ante la opinión pública. En este escenario, los grandes perdedores son la credibilidad del sistema de pensiones y los afiliados próximos a jubilarse, quienes ven mermados sus ahorros sin garantías claras de restitución. Por otro lado, los actores políticos que logran liderar la agenda de fiscalización y exigir compensaciones concretas ganan capital político, desplazando la discusión desde la rentabilidad financiera hacia la legitimidad ética de la administración de fondos previsionales.