Banco Central de Paraguay interviene Ueno Bank por insolvencia y congela fondos masivos
Resumen
El Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank tras constatar que su índice de solvencia era inferior al 50% del mínimo requerido. La medida, adoptada por unanimidad, resultó en el cierre total de las operaciones, dejando a cerca de 3 millones de clientes sin acceso a sus ahorros y cuentas. La entidad gestionaba más de 800 millones de dólares en fondos públicos, incluyendo recursos del Instituto de Previsión Social y pensiones de miles de jubilados.
La crisis provocó la renuncia del presidente del BCP, Carlos Carvallo, y de otro director de la institución, en medio de cuestionamientos por conflictos de interés debido a los vínculos previos de Carvallo con el banco. El presidente Santiago Peña solicitó la dimisión de la autoridad monetaria y anunció un proyecto de ley para agilizar el pago a los ahorristas mediante el Fondo de Garantía de Depósitos. Mientras tanto, la Fiscalía inició una causa penal contra los principales directivos de la entidad, quienes se entregaron a la justicia.
El impacto social y económico se manifestó en protestas de clientes frente a las sucursales y la sede del Congreso, exigiendo la devolución de sus recursos. Sectores de la oposición han comenzado a recolectar firmas para impulsar un juicio político contra el presidente Peña, cuestionando la supervisión estatal y la exposición de fondos públicos. Por su parte, la Asociación de Bancos del Paraguay ha intentado calmar los mercados asegurando que el sistema financiero nacional mantiene su solidez y operatividad.
Análisis Político
La estrategia política del gobierno de Santiago Peña se centra en el control de daños mediante la desvinculación inmediata de las autoridades del Banco Central y la rápida tramitación legislativa para proteger los depósitos. Al presentar la crisis como un evento aislado de una sola entidad, el Ejecutivo busca evitar un efecto contagio que desestabilice el sistema financiero y su propia legitimidad. Sin embargo, la oposición utiliza la crisis para cuestionar la ética pública, capitalizando el descontento social mediante la amenaza de un juicio político que, aunque difícil de concretar por la mayoría oficialista, erosiona la imagen del mandatario.
En este escenario, los grandes perdedores son los ahorristas y los beneficiarios de fondos públicos, cuya liquidez ha quedado supeditada a procesos judiciales y administrativos inciertos. El gobierno pierde capital político al quedar expuesto por la cercanía histórica entre sus funcionarios y la entidad intervenida, mientras que la oposición gana visibilidad al articular el malestar ciudadano. La narrativa oficial intenta imponer la idea de una gestión técnica y correctiva, mientras que la narrativa opositora construye un relato de negligencia y vínculos indebidos entre el poder político y el sector financiero.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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