La actual administración de RTVC denunció que una unidad móvil de televisión, adquirida en diciembre de 2025 por 11.924 millones de pesos, permanece inoperante en sus instalaciones. El vehículo carece de una planta eléctrica autónoma, componente indispensable para realizar transmisiones fuera de la sede, lo que impide su uso para el propósito contratado. La entidad calificó el proyecto como un posible elefante blanco debido a esta inmovilización técnica.

Análisis político

La estrategia de la actual administración de RTVC se centra en la auditoría forense de contratos de la gestión anterior, utilizando la denuncia pública para deslegitimar la planeación técnica y financiera de sus predecesores. Al trasladar el caso a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, el gobierno actual busca capitalizar políticamente la transparencia y el control del gasto, posicionándose como un ente fiscalizador que rescata recursos públicos frente a presuntas irregularidades administrativas. El evento genera una narrativa de confrontación donde la administración actual gana legitimidad al exponer fallas operativas, mientras que los responsables de la contratación anterior pierden credibilidad técnica y política. La construcción de esta narrativa se basa en la comparación de precios de mercado y la señalización de posibles prácticas anticompetitivas, transformando un problema de gestión técnica en un caso de presunta corrupción que afecta la reputación de la gerencia previa.

La administración actual de RTVC denunció irregularidades en la adquisición de una unidad móvil de televisión, contratada en diciembre de 2025 por un valor de 11.924 millones de pesos. El vehículo permanece inmovilizado en las instalaciones de la entidad debido a la ausencia de una planta eléctrica, componente indispensable para realizar transmisiones fuera de la sede. Esta falla técnica impide que el equipo cumpla con el propósito para el cual fue contratado, calificando el proyecto como un posible elefante blanco. La entidad identificó presuntos sobrecostos superiores a los 2.000 millones de pesos, tras comparar los 9.000 millones invertidos en equipos audiovisuales con estudios de mercado que valoran elementos equivalentes en 7.000 millones. Además, se reportaron deficiencias técnicas en los equipos entregados, incluyendo cámaras con limitaciones ópticas, una consola de sonido insuficiente para eventos de gran formato y un dron con especificaciones de seguridad y cartografía, no apto para producciones televisivas de alta calidad. El proceso contractual, identificado con el número 2899 de 2025, presenta cuestionamientos sobre la transparencia en la selección del contratista. RTVC señaló posibles restricciones a la libre competencia mediante requisitos de experiencia dirigidos y una presunta colusión entre empresas que participaron en los estudios previos y luego conformaron la unión temporal adjudicataria. Ante estos hallazgos, la entidad trasladó el expediente a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para que inicien las investigaciones correspondientes.

Análisis político

La estrategia política de la actual administración de RTVC se centra en la denuncia de la gestión anterior, utilizando el concepto de elefante blanco para capitalizar el descontento sobre el uso de recursos públicos. Al exponer fallas técnicas y posibles sobrecostos, la entidad busca desmarcarse de las decisiones tomadas durante la gerencia de Hollman Morris, trasladando la responsabilidad a los entes de control para legitimar su postura mediante la institucionalidad. En este escenario, la actual administración gana legitimidad al posicionarse como garante de la transparencia y la eficiencia técnica, mientras que la gestión anterior y los contratistas involucrados pierden credibilidad ante la opinión pública. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la supuesta negligencia técnica y administrativa del pasado frente a la rigurosidad de la revisión actual, convirtiendo un problema de infraestructura en un activo político de control y fiscalización.