Tribunal Superior de Bogotá ordena libertad inmediata del exministro Luis Fernando Velasco
Resumen
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento domiciliaria que pesaba sobre el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en el marco del proceso por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión judicial, que ordena su libertad inmediata e incondicional, se fundamenta en que el exfuncionario ya no representa un peligro para la sociedad ni tiene capacidad de instrumentalizar la estructura estatal al haber salido de la vida pública. Los magistrados señalaron que las condiciones actuales del gobierno, al ser una antítesis del anterior, impiden la continuidad de la supuesta empresa criminal investigada.
El proceso penal contra Velasco, quien enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, continúa vigente. La Corte Suprema de Justicia ha programado el inicio del juicio para el 2 de febrero de 2027, tras aplazar la audiencia preparatoria debido a dificultades de las defensas para acceder a los elementos probatorios de la Fiscalía. Esta libertad no implica una absolución ni el cierre de la investigación, sino un cambio en la situación jurídica del procesado mientras se desarrolla el juicio.
Luis Fernando Velasco reaccionó a la medida a través de sus redes sociales, manifestando su intención de demostrar su inocencia ante la Corte Suprema. El exministro afirmó que aportará elementos probatorios para identificar a los verdaderos responsables del desfalco en la entidad, asegurando que su nombre fue utilizado como una cortina de humo para desviar la atención pública. La determinación del Tribunal pone fin a una serie de medidas restrictivas que habían variado desde la detención en centro carcelario hasta la domiciliaria durante el último año.
Análisis Político
La estrategia de la defensa de Velasco se centró en desvirtuar el riesgo de obstrucción a la justicia, argumentando que la pérdida de poder político y el cambio de administración gubernamental eliminan cualquier capacidad de influencia sobre el aparato estatal. Al lograr que el Tribunal valide esta narrativa, el exministro obtiene una victoria táctica que le permite enfrentar el juicio en libertad, mejorando sus condiciones para preparar su defensa técnica y mediática frente a las acusaciones de la Fiscalía.
El evento construye narrativas contrapuestas donde el exministro se posiciona como una víctima de una persecución política utilizada como cortina de humo, mientras que la Fiscalía mantiene su tesis de una estructura criminal organizada. Gana el procesado al recuperar su movilidad y capacidad de interlocución pública, mientras que la Fiscalía enfrenta un revés en su pretensión de mantener medidas cautelares, lo cual añade presión sobre el ente acusador para demostrar la solidez de sus pruebas en el juicio programado para 2027.
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