El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, ha sido objeto de intimidaciones tras denunciar ante el Senado una presunta red de instrumentalización de 48 mujeres contratadas bajo la administración de Gustavo Petro. El Gobierno Nacional informó que, el pasado 28 de octubre, tres personas con antecedentes por homicidio y hurto fueron halladas dentro de la residencia del funcionario. Adicionalmente, se reportó la presencia de un individuo sospechoso cerca del colegio de los hijos del director, quien huyó ante la llegada de la Policía. La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación preliminar sobre los señalamientos de Ríos, quien sostiene que los contratos de prestación de servicios habrían sido utilizados para obtener favores sexuales. El ente investigador ha previsto escuchar al actual director del Dapre, así como a las exdirectoras Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de realizar inspecciones documentales en la entidad. Por su parte, el expresidente Gustavo Petro ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas de ataques políticos y denunciando penalmente a Ríos por presunta presión indebida a trabajadoras. El Ejecutivo ha expresado su solidaridad con Ríos y su familia, exigiendo a las autoridades esclarecer si los incidentes de seguridad están vinculados con las denuncias contractuales. Se han reforzado las medidas de protección para el funcionario y su entorno, mientras el Gobierno insiste en que la investigación debe avanzar sin presiones. La situación ha generado una fuerte polarización, con versiones contrapuestas sobre la veracidad de los testimonios y la legitimidad de las actuaciones judiciales en curso.

Análisis político

La estrategia del Gobierno actual se centra en elevar el costo político de las denuncias contra la administración anterior, utilizando los incidentes de seguridad como un mecanismo para validar la gravedad de los hechos expuestos por Ríos. Al vincular directamente las amenazas con la revelación de los supuestos 'sexocontratos', el Ejecutivo busca blindar al funcionario y presionar a la Fiscalía para que acelere las pesquisas, transformando un debate administrativo en una cuestión de seguridad nacional y protección de servidores públicos. En este escenario, el Gobierno gana visibilidad al posicionarse como un actor que combate la corrupción, mientras que el expresidente Petro pierde terreno al verse obligado a defenderse en múltiples frentes, incluyendo denuncias penales contra sus antiguos colaboradores. La narrativa se construye mediante la contraposición de dos relatos: uno que presenta las denuncias como una red de abuso de poder sistemático y otro que las describe como una persecución política orquestada mediante la coacción de testigos.