La ministra de las TIC, Alexandra Falla, solicitó formalmente la devolución de 234.399 millones de pesos girados durante el gobierno anterior para el programa Centros PotencIA. Esta iniciativa, que buscaba instalar centros de inteligencia artificial en 60 municipios, presenta un avance de obra de apenas el 2,09% y se encuentra paralizada desde noviembre de 2025. A pesar de que el 100% de los recursos fueron transferidos a una fiduciaria en septiembre de 2024, no se ha construido ninguna infraestructura operativa. El proyecto ha sido objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General, la cual identificó debilidades en la planeación, estructuración contractual y viabilización de predios. Diversas alcaldías locales realizaron adecuaciones, demoliciones y trámites de licencias con la expectativa de recibir los centros, pero las comunidades no han obtenido los beneficios tecnológicos prometidos. La ministra Falla calificó la situación como una falta de ejecución imperdonable que utilizó las ilusiones de las regiones con fines políticos. Por su parte, el exministro Mauricio Lizcano argumentó que la administración anterior decidió cancelar el proyecto y liquidar el contrato debido a la baja ejecución y a la falta de interés del entonces presidente Gustavo Petro. Según Lizcano, el proceso de reintegro de los recursos ya se había iniciado desde abril de 2026 bajo su gestión. Actualmente, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca recuperar la totalidad de los fondos para proteger el patrimonio público y deslindar responsabilidades administrativas.

Análisis político

La estrategia del actual Gobierno se centra en la narrativa de la 'defensa de los recursos públicos' frente a la supuesta ineficiencia y politización de la administración anterior. Al calificar el proyecto como una 'promesa incumplida' y una 'foto' sin ejecución, el Ministerio de las TIC busca capitalizar el descontento de los municipios afectados, posicionándose como un ente fiscalizador que corrige los errores del pasado y protege el dinero de los ciudadanos. El Gobierno actual gana legitimidad al señalar las fallas técnicas documentadas por la Contraloría, mientras que el exministro Lizcano intenta mitigar el costo político argumentando que la cancelación fue una decisión proactiva de su administración. La disputa revela una construcción de narrativas opuestas: una que enfatiza la negligencia y el engaño a las regiones, y otra que intenta presentar la liquidación del contrato como un ejercicio de responsabilidad fiscal para evitar mayores pérdidas.