La Defensoría del Pueblo radicó ante el Congreso un proyecto de ley estatutaria que busca establecer la paridad de género en la conformación de las Altas Cortes. La iniciativa propone que, en los tribunales donde las mujeres ocupen menos del 50% de las magistraturas, las listas y ternas para proveer vacantes estén integradas exclusivamente por ellas. Esta medida pretende corregir la brecha actual, donde las mujeres representan apenas el 28,9% de los magistrados a pesar de constituir más de la mitad de la población nacional. La defensora del Pueblo, Iris Marín, argumentó que la desigualdad no responde a una falta de méritos, sino a barreras estructurales como sesgos de género, techos de cristal y redes de poder masculinas. El proyecto, que cuenta con el respaldo de congresistas de diversos partidos, el Ministerio de Justicia y representantes de la Corte Suprema, busca institucionalizar la participación femenina. La propuesta enfatiza que el acceso a estos cargos seguirá sujeto a concursos de méritos, manteniendo la exigencia de capacidades profesionales para las aspirantes. El trámite legislativo requiere superar cuatro debates en una misma legislatura y obtener la revisión posterior de la Corte Constitucional. La iniciativa abarca a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El objetivo central es acelerar la representación equilibrada en los órganos que toman las decisiones judiciales más relevantes del país.

Análisis político

La estrategia política detrás de esta iniciativa se basa en la construcción de un consenso multipartidista que busca blindar la propuesta frente a posibles resistencias ideológicas. Al presentar el proyecto como una corrección de barreras estructurales y no como una eliminación del mérito, la Defensoría logra alinear a sectores del Gobierno, la Rama Judicial y el Legislativo bajo una narrativa de modernización institucional y justicia social. En este escenario, las mujeres juristas y los sectores que promueven la equidad de género resultan ganadores al institucionalizar un mecanismo de acceso directo a las altas esferas del poder. Por el contrario, los sectores que han mantenido el control histórico de las redes de poder judicial podrían ver reducida su influencia en la conformación de las ternas. La narrativa se construye diferenciando la paridad como un imperativo democrático frente a la visión tradicional que ha limitado el ascenso femenino a pesar de su alta presencia en la base de la Rama Judicial.