El Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó ante el Congreso el proyecto de ley de sometimiento para estructuras criminales, presentado por los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino. La iniciativa establece un marco jurídico estricto que excluye cualquier tipo de negociación política o estatus de beligerancia para los grupos armados. El proyecto cuenta con mensaje de urgencia para su estudio conjunto en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, buscando su aprobación antes del 5 de noviembre. La propuesta contempla incentivos penales, como reducciones de condena de hasta el 50% para integrantes rasos y del 30% para cabecillas, condicionados a la colaboración con la justicia y la entrega de bienes ilícitos. A diferencia de políticas anteriores, el Ejecutivo enfatizó que no se suspenderán órdenes de captura ni de extradición para quienes se acojan a este proceso. El ministro Cancino subrayó que el enfoque es puramente judicial y restaurativo, exigiendo la participación de las víctimas en los procesos de sometimiento. Esta ley se articula con un futuro Estatuto Antiterrorista, configurando una estrategia de seguridad basada en la dualidad de "zanahoria y garrote". Mientras el sometimiento ofrece una ruta de acogimiento legal, el Gobierno advirtió que aquellos que no se entreguen enfrentarán la persecución directa de la Fuerza Pública. La administración busca con esto desmantelar las economías ilícitas y fortalecer el orden público sin otorgar beneficios políticos a los actores armados.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la ruptura total con el modelo de 'paz total' de la administración anterior, sustituyendo el diálogo político por un marco de justicia ordinaria. Al radicar el proyecto con mensaje de urgencia y contar con aliados clave en las comisiones legislativas, el Ejecutivo busca capitalizar su narrativa de 'mano firme' para consolidar su agenda de seguridad en los primeros meses de mandato. El Gobierno gana legitimidad ante su base electoral al cumplir la promesa de no negociar con grupos criminales, mientras que los grupos armados pierden la posibilidad de obtener reconocimiento político o beneficios de impunidad. La narrativa oficial construye una dicotomía clara entre la legalidad y el terrorismo, obligando a los actores ilegales a elegir entre el sometimiento bajo condiciones estrictas o la confrontación militar directa.