El exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, sobrevivió a un ataque sicarial perpetrado la noche del viernes 16 de octubre en un establecimiento comercial de su propiedad. En el hecho, dos hombres en motocicleta dispararon contra su esquema de seguridad, resultando en la muerte del escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Felipe López Gutiérrez. Ramírez salió ileso del atentado y calificó el suceso como el momento más doloroso de su vida, agradeciendo el sacrificio de su protector.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de respuesta institucional centrada en la demostración de autoridad, donde el Ejecutivo busca capitalizar el rechazo generalizado a la violencia para reafirmar su control territorial y compromiso con la seguridad de los líderes políticos. La narrativa oficial se construye bajo la premisa de la 'Patria Milagro' y la promesa de impunidad cero, mientras que sectores opositores y defensores de derechos humanos utilizan el suceso para denunciar la persistencia de la violencia política y el control territorial de grupos armados como las disidencias del EMC en zonas críticas como Jamundí. En términos de capital político, el Gobierno gana legitimidad al reaccionar con celeridad mediante el fortalecimiento de esquemas de protección y la oferta de recompensas, aunque pierde terreno en la percepción de seguridad ciudadana al confirmarse la vulnerabilidad de figuras públicas en regiones con alta presencia de grupos ilegales. La construcción de narrativas divergentes es clara: mientras el oficialismo enfatiza la persecución judicial de los responsables, los actores locales y la Defensoría del Pueblo subrayan la ineficacia de las alertas tempranas y la necesidad de garantías estructurales para la participación política.