El ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicó ante el Congreso un proyecto de acto legislativo que busca regular la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La iniciativa, denominada reforma 'antimermelada', pretende eliminar la asignación opaca de recursos y proyectos de inversión en las regiones. El Gobierno busca que toda gestión parlamentaria sea pública, trazable y sometida al escrutinio ciudadano mediante un registro obligatorio. El articulado propone modificar la Constitución para permitir que los congresistas postulen proyectos de inversión sin que esto constituya un conflicto de intereses, siempre que se inscriban en un registro público. La norma prohíbe taxativamente que los legisladores intervengan en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados de dichas obras. Además, se establece que ni el congresista ni sus financiadores de campaña podrán obtener beneficios particulares de estos proyectos. La reforma también aborda la financiación de campañas y el régimen de conflictos de intereses, aclarando que el apoyo legal de sectores económicos no implica una inhabilidad por sí mismo. El proyecto endurece las sanciones al incluir el ocultamiento de información en la declaración de intereses como causal de pérdida de investidura. El Congreso tendrá un plazo de doce meses tras la promulgación para reglamentar los mecanismos digitales y los procedimientos de transparencia mediante una ley orgánica.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de Abelardo de la Espriella busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la corrupción parlamentaria, utilizando la transparencia como bandera para reconfigurar el poder legislativo. Al reglamentar el cabildeo y la postulación de proyectos, el Ejecutivo intenta institucionalizar una relación que históricamente ha operado bajo la opacidad, trasladando la responsabilidad de la vigilancia al escrutinio público y a la amenaza de pérdida de investidura. El Gobierno gana legitimidad al presentar una agenda de probidad, mientras que los congresistas pierden su capacidad de maniobra discrecional sobre los recursos regionales. La narrativa oficial construye una distinción clara entre el desarrollo regional legítimo y la 'mermelada' como práctica corrupta, obligando a los legisladores a elegir entre la transparencia pública de sus gestiones o el riesgo de sanciones disciplinarias severas.