El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reconoció públicamente que desconocía la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo. La acción legal busca impugnar un artículo de la megarreforma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos en zonas de catástrofe, bajo el argumento de que excede las ideas matrices del proyecto. Esta situación generó sorpresa, dado que Alvarado integra el núcleo político del Gobierno y ejerce como vocero subrogante. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, admitió posteriormente la existencia de dificultades de comunicación interna dentro del comité político. Explicó que la dinámica de trabajo intenso y la naturaleza de las reuniones, donde los ministros entran y salen constantemente, pudieron provocar que Alvarado no estuviera presente cuando se abordó la decisión. Descartó cualquier intención de ocultar información al biministro, calificando el hecho como una falla formal en la coordinación. Desde el oficialismo, parlamentarios y dirigentes reconocieron el error, instando al Ejecutivo a mejorar su orden interno para evitar este tipo de episodios. Mientras tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, intentó desdramatizar el incidente, calificándolo como un hecho incidental y un detalle menor frente a la gestión global de la megarreforma. La oposición, por su parte, aprovechó la instancia para cuestionar la capacidad de conducción del gabinete y la coherencia comunicacional del Gobierno.

Análisis político

La estrategia política observada refleja una tensión entre la conducción técnica, liderada por el Ministerio de Hacienda, y la conducción política del gabinete, encabezada por el biministro Alvarado. El Gobierno intenta minimizar el impacto del error mediante la narrativa de la 'incidentalidad', buscando proteger la imagen de cohesión del Ejecutivo ante la opinión pública. Sin embargo, la falta de sincronización entre carteras clave expone una fragilidad en el comité político, que es utilizada por la oposición para cuestionar la gobernabilidad y la transparencia en la toma de decisiones. En este evento, el principal perdedor es la figura del biministro Alvarado, cuya autoridad política se ve debilitada al quedar expuesto como un actor desinformado sobre una decisión estratégica de su propia administración. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda gana relevancia al consolidar su control sobre la agenda legislativa y técnica, aunque a costa de generar un flanco comunicacional que desgasta la imagen de unidad del Gobierno de José Antonio Kast. La construcción de narrativas se divide entre un oficialismo que apela a la normalidad de los procesos técnicos y una oposición que capitaliza la descoordinación como síntoma de un caos administrativo.