El Presidente José Antonio Kast cuestionó la metodología y los resultados de la Encuesta Casen, argumentando que la reducción de la pobreza reportada durante la administración de Gabriel Boric dependió excesivamente de subsidios estatales y sugiriendo errores en la medición. Estas declaraciones provocaron una rápida respuesta de exministros del gobierno anterior, quienes defendieron la solidez técnica del instrumento y calificaron los dichos del mandatario como un intento de desinformar y dañar la institucionalidad estadística del país. Los exsecretarios de Estado enfatizaron que la encuesta cuenta con el respaldo de organismos nacionales e internacionales y paneles de expertos transversales. Ante la controversia, el biministro del Interior, Claudio Alvarado, intervino para aclarar que el Ejecutivo no cuestiona las cifras ni los datos duros, sino que busca enfatizar la necesidad de que la disminución de la pobreza provenga también de ingresos propios de las familias y no solo de transferencias estatales. Por su parte, el ministro de Economía, Daniel Mas, mantuvo una postura más ambigua al señalar que el Gobierno revisará en profundidad los resultados de la encuesta para aclarar dudas, sin especificar qué aspectos técnicos serían objeto de revisión. La polémica escaló cuando figuras de la oposición acusaron al Presidente de mantener una actitud propia de su etapa como candidato, priorizando el discurso hacia su base política en lugar de asumir su rol institucional. Expertos y exautoridades advirtieron sobre el riesgo de poner en duda una herramienta validada por décadas, mientras que el oficialismo insistió en que las políticas públicas tienen continuidad y que el objetivo es mejorar la calidad de vida mediante la creación de empleo y oportunidades económicas.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se observa como un intento de marcar una diferencia ideológica respecto a la gestión anterior, desplazando el foco desde la política social asistencialista hacia una narrativa centrada en el crecimiento económico y la generación de ingresos propios. Al cuestionar la metodología de la Casen, el Ejecutivo busca deslegitimar los logros del gobierno de Boric, aunque esta táctica genera un costo político al ser percibida como un ataque a la institucionalidad técnica del Estado, lo que permite a la oposición posicionarse como defensora de la estabilidad y el rigor técnico. En este evento, el Presidente Kast gana cohesión con su base electoral más dura al mantener un discurso confrontacional, pero pierde credibilidad ante sectores técnicos y moderados que valoran la independencia de las mediciones socioeconómicas. La oposición, por su parte, capitaliza el error comunicacional del Gobierno al presentarse como un bloque que protege las instituciones, construyendo una narrativa donde el mandatario actúa más como un líder de facción que como un jefe de Estado, lo que profundiza la polarización política en el país.

El Presidente José Antonio Kast puso en duda la validez de los resultados de la encuesta Casen, argumentando que la reducción de la pobreza reportada durante la administración anterior estuvo supeditada a subsidios y contenía errores metodológicos. El mandatario sostuvo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había advertido sobre inconsistencias en los parámetros de medición utilizados previamente. Estas declaraciones fueron calificadas como irresponsables por parte de exautoridades del gobierno de Gabriel Boric, quienes defendieron la solidez técnica del instrumento. Exministros como Javiera Toro, Carolina Tohá, Álvaro Elizalde y Nicolás Grau rechazaron categóricamente las afirmaciones presidenciales, señalando que la Casen cuenta con un respaldo técnico interdisciplinario e institucional de larga trayectoria. Toro enfatizó que no existió error en la medición, sino ajustes metodológicos comunicados con antelación para elevar los estándares de evaluación. Los exsecretarios de Estado advirtieron que desacreditar esta herramienta afecta la fe pública y la institucionalidad estadística del país. Ante la controversia, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, intervino para aclarar que el Ejecutivo no cuestiona los datos técnicos, sino que busca enfatizar la importancia de la generación de ingresos propios sobre la dependencia de subsidios. Alvarado defendió la postura del Presidente, señalando que se busca un nuevo marco estructural para reducir la pobreza mediante el empleo. Mientras tanto, parlamentarios de oposición instaron al mandatario a enfocarse en su gestión actual en lugar de mantener disputas con la administración previa.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en desmarcarse de la gestión anterior mediante la crítica a sus indicadores sociales, buscando instalar una narrativa que prioriza el crecimiento económico y la autonomía financiera de las familias sobre la política de subsidios. Al cuestionar la Casen, el gobierno intenta redefinir el éxito de las políticas públicas, aunque esta táctica conlleva el riesgo de erosionar la confianza en la institucionalidad técnica del Estado, un activo valorado transversalmente en Chile. En este evento, el gobierno gana al consolidar su relato ante su base electoral, pero pierde al abrir un frente de conflicto con expertos y exautoridades que defienden la rigurosidad estadística. La oposición, por su parte, construye una narrativa de defensa de la institucionalidad y responsabilidad política, posicionándose como garante de la estabilidad frente a lo que califican como desinformación, logrando así unificar a sus filas en torno a la protección de los logros sociales alcanzados.