El Presidente José Antonio Kast promulgó la Ley 21.827, conocida como Escuelas Protegidas, con el objetivo de dotar a los establecimientos educacionales de herramientas para enfrentar el aumento de la violencia y el porte de armas. La normativa faculta a los colegios para incluir en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias, además de prohibir el uso de elementos que impidan la identificación facial. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad y la autoridad pedagógica ante el incremento de denuncias por maltrato y delitos en recintos escolares registrados entre 2023 y 2025. La implementación de la ley será voluntaria y dependerá de los reglamentos internos de cada institución, los cuales deberán ajustarse a las orientaciones de la Superintendencia de Educación. El procedimiento de revisión debe ser ejecutado por personal capacitado, respetando derechos fundamentales como la privacidad y el debido proceso, y excluyendo explícitamente las revisiones corporales o de vestimenta. En caso de negativa del estudiante, se establece un protocolo que incluye la citación de los apoderados y, en última instancia, la notificación a las autoridades correspondientes. El texto final promulgado difiere del proyecto original despachado por el Congreso en junio, debido a que el Tribunal Constitucional eliminó disposiciones controvertidas tras requerimientos de la oposición. Entre los puntos suprimidos se encuentran la intervención directa de Carabineros o la PDI ante la negativa de un estudiante a ser revisado y la restricción de acceso a la gratuidad universitaria para alumnos condenados por violencia escolar. Estas modificaciones obligan a que la gestión de la seguridad recaiga principalmente en los equipos directivos y docentes de cada establecimiento.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en capitalizar la preocupación ciudadana por la seguridad escolar mediante una narrativa de 'orden y control', utilizando analogías como los controles aeroportuarios para normalizar medidas de fiscalización. Al apelar a la frase 'el que nada hace, nada teme', el gobierno busca desplazar el costo político de la implementación hacia los establecimientos, mientras refuerza su imagen de autoridad frente a la crisis de convivencia escolar. En este escenario, el gobierno gana al materializar una promesa de seguridad, aunque pierde parte de su ambición original debido a la intervención del Tribunal Constitucional, que limitó el alcance punitivo de la ley. La oposición, por su parte, logra frenar las medidas más coercitivas, como la participación policial directa, construyendo una narrativa de defensa de los derechos fundamentales y el debido proceso, lo que genera una polarización sobre el equilibrio entre seguridad y garantías individuales en el sistema educativo.

El Presidente José Antonio Kast encabezó la promulgación de la Ley 21.827, denominada "Escuelas Protegidas", en la Escuela Nueva Zelandia de la comuna de Independencia. Esta normativa faculta a los establecimientos educacionales para incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias de los estudiantes, con el fin de prevenir la violencia y el ingreso de elementos peligrosos. La medida responde a un incremento en las denuncias por maltrato a adultos y al registro de 893 delitos por porte de armas en escuelas durante 2025. La ley establece que las revisiones deben ser ejecutadas por personal capacitado, respetando el debido proceso y la privacidad, prohibiendo explícitamente las inspecciones corporales o de vestimenta. Además, otorga mayores facultades a los docentes para aplicar medidas disciplinarias inmediatas y prohíbe el uso de elementos que impidan la identificación facial en los recintos. El Ejecutivo enfatizó que el objetivo es fortalecer la seguridad y la autoridad pedagógica para garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje. Durante la ceremonia, el Mandatario defendió la medida comparándola con los controles de seguridad en aeropuertos y sentenció que "el que nada hace, nada teme". La implementación de esta ley llega tras un proceso legislativo donde el Tribunal Constitucional eliminó disposiciones previas, como la intervención directa de fuerzas policiales ante la negativa de un estudiante a ser revisado. La normativa busca reducir la carga administrativa de los equipos escolares mediante una gestión colaborativa de conflictos, salvo en casos de delitos flagrantes.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en capitalizar la preocupación ciudadana por la seguridad pública y la violencia escolar, utilizando un discurso de orden y autoridad. Al equiparar la revisión de mochilas con protocolos de seguridad aeroportuaria, el Gobierno busca normalizar medidas de control social en espacios educativos, desplazando el foco desde la prevención social hacia la vigilancia y la disciplina como ejes rectores de la convivencia. El Gobierno gana terreno al posicionarse como un actor que toma medidas concretas frente a cifras alarmantes de violencia, mientras que la oposición pierde capacidad de maniobra al haber visto recortadas sus pretensiones originales por el Tribunal Constitucional. La narrativa oficial construye una dicotomía entre la seguridad y la transparencia, donde la resistencia a la revisión es presentada como una conducta sospechosa, simplificando un debate complejo sobre derechos fundamentales y privacidad en el ámbito escolar.