La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha hecho un llamado a las fuerzas políticas para tender puentes y avanzar en la agenda de seguridad, reconociendo la falta de acuerdos transversales en la Cámara Alta. La legisladora de Renovación Nacional sostiene que la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo enfrenta un nudo crítico en torno al nuevo estado de excepción, el cual ha generado rechazo incluso dentro del oficialismo. Núñez ha instado al Gobierno a aplicar realismo legislativo, sugiriendo que la viabilidad de la reforma depende de retirar esta medida específica y fortalecer el estado de emergencia vigente. El Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Martín Arrau, ha manifestado su disposición a mantener el diálogo y buscar consensos en el Congreso para avanzar con celeridad en proyectos clave como las Reglas del Uso de la Fuerza y la ley de Infraestructura Crítica. Mientras tanto, figuras como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, han criticado la postura de retirar la propuesta, calificándola como un error y abogando por debatir y limitar las atribuciones del estado de excepción en lugar de eliminarlo. Esta divergencia de opiniones refleja la complejidad de las negociaciones en curso. La situación actual pone de manifiesto la tensión entre la urgencia de implementar medidas contra la delincuencia y las discrepancias sobre la concentración de poder que implica el nuevo estado de excepción. Mientras algunos sectores piden no desmantelar la iniciativa para no dar triunfos al crimen organizado, otros insisten en que sin modificaciones sustanciales no existirán los votos necesarios para su aprobación. El futuro de la reforma constitucional permanece incierto, supeditado a la capacidad de las partes para alcanzar un punto de encuentro técnico y político.

Análisis político

La estrategia política predominante es el uso del realismo legislativo como herramienta de presión, donde la presidenta del Senado busca forzar al Ejecutivo a priorizar la viabilidad de los proyectos sobre sus propuestas originales más polémicas. Se observa una fragmentación en la coalición de oposición y el oficialismo, donde los liderazgos locales, como el alcalde de Santiago, intentan capitalizar el discurso de la seguridad ciudadana para confrontar a las dirigencias parlamentarias, acusándolas de desconexión con la realidad de los barrios afectados por la delincuencia. En este escenario, el Gobierno pierde capacidad de control sobre su propia agenda al verse obligado a negociar puntos fundamentales de su reforma, mientras que la oposición moderada gana protagonismo al posicionarse como el árbitro necesario para la gobernabilidad. La narrativa se construye mediante una dicotomía: por un lado, la urgencia de dotar al Estado de herramientas excepcionales para combatir el crimen y, por otro, la defensa de las garantías constitucionales frente a una posible concentración desmedida de poder.