El Estado de Chile y la Fundación Rewilding Chile suscribieron un protocolo para la donación de 22.333 hectáreas adicionales destinadas al futuro Parque Nacional Cabo Froward en la Región de Magallanes. Esta entrega se suma a las 127.302 hectáreas cedidas previamente en 2025, consolidando una superficie total proyectada de 183.045 hectáreas. El proyecto busca proteger ecosistemas críticos como bosques subantárticos, turberas y hábitats de especies en peligro como el huemul y el canquén colorado. La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, destacó que más del 80% del parque provendrá de donaciones privadas, subrayando el interés del Ejecutivo por concretar esta iniciativa. El proceso de creación, que incluye una consulta indígena iniciada el 20 de octubre, es un requisito previo indispensable para la firma del decreto definitivo. Las autoridades proyectan que la oficialización del parque nacional se materializará el 8 de octubre de 2027. La colaboración público-privada es presentada como un modelo estratégico para la conservación del patrimonio natural y el desarrollo del turismo de naturaleza en el extremo austral. La Fundación Rewilding Chile, liderada por Kristine Tompkins, ha ofrecido además su apoyo para desarrollar la infraestructura de acceso público. Este esfuerzo busca integrar el valor ecológico del territorio con su importancia histórica y cultural como zona ancestral del pueblo kawésqar.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la consolidación de alianzas público-privadas para cumplir metas ambientales ambiciosas, como la protección del 30% del territorio nacional para 2030. El Gobierno busca capitalizar políticamente un proyecto de conservación de gran escala, presentándolo como una gestión eficiente que trasciende administraciones, al retomar y acelerar un proceso iniciado en el periodo anterior. La narrativa oficial enfatiza la responsabilidad y el respeto a los procesos institucionales, como la consulta indígena, para evitar los obstáculos que paralizaron la iniciativa en el pasado. El principal ganador es el Ejecutivo, que logra posicionarse como un actor comprometido con la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad, fortaleciendo su imagen ante la opinión pública y organismos internacionales. La Fundación Rewilding Chile también obtiene un rédito significativo al consolidar su influencia en la política de áreas protegidas del país. Por otro lado, el proceso de consulta indígena se convierte en el punto crítico donde se construye la legitimidad del proyecto, siendo el actor que podría ralentizar o validar la narrativa de consenso que el Gobierno intenta proyectar.